Por Roberto Grajales
El proyecto del Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, continúa generando tensiones en las comunidades por donde pasa. A pesar de las promesas de desarrollo y progreso, los pobladores de las comunidades por donde atraviesa han denunciado reiteradamente los problemas que la construcción ha traído consigo, esta vez, la protesta se situó en la comunidad de Limones, municipio de Bacalar en Quintana Roo.
El pasado viernes 6 de septiembre, un grupo de ejidatarios de Limones decidió bloquear la vía de acceso a la estación del Tren Maya en protesta por el incumplimiento de los acuerdos establecidos con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Estos organismos se habían comprometido a construir rampas de acceso y un puente que permitiría a los ejidatarios desarrollar sus proyectos como ejido, compromisos que hasta la fecha no han sido cumplidos.
Los pobladores también han denunciado que los vehículos pesados utilizados en la construcción de esta mega obra han causado graves daños a las calles, carreteras y líneas de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La falta de mantenimiento y reparación de estas infraestructuras ha empeorado las condiciones de vida en la comunidad, generando un creciente descontento.
Desde el inicio de su construcción en 2018, el Tren Maya ha sido objeto de protestas por parte de diversas comunidades indígenas y campesinas en la región. Muchas de estas comunidades argumentan que han sido engañadas con promesas de desarrollo económico que no se han materializado y que, en cambio, han visto sus territorios y recursos naturales amenazados por el proyecto.
El Tren Maya, que se extiende a lo largo de 1,525 kilómetros y tiene un costo estimado de 320 mil millones de pesos, ha sido promocionado como un motor de desarrollo económico para el sureste mexicano. Sin embargo, las críticas al proyecto han señalado que los beneficios económicos se concentrarán en manos de grandes monopolios, mientras que las comunidades locales soportan los costos sociales y ambientales.
A menos de un mes de que finalice el gobierno de López Obrador, el descontento persiste. La falta de cumplimiento de los acuerdos y los daños causados por la construcción del Tren Maya son percibidos por muchos como una muestra de que este proyecto de infraestructura capitalista no tiene la intención de servir a la clase trabajadora del campo y la ciudad. El sexenio termina, pero la lucha de las comunidades afectadas, de la clase trabajadora del campo y la ciudad, continúa.
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