Empresas acaparan el agua en Yucatán con respaldo gubernamental mientras comunidades enfrentan crisis

Por: Roberto Grajales.

Artículo publicado en el número 21 del Periódico "El Machete", marzo de 2025.

La crisis del agua en Yucatán se agudiza ante la voraz explotación de los mantos acuíferos por parte de grandes empresas agroindustriales, cerveceras y porcinas, que cuentan con el respaldo del Estado en sus tres niveles de gobierno. Mientras las comunidades mayas sufren la contaminación de sus fuentes de agua y la escasez del recurso, los monopolios reciben concesiones millonarias para beneficiarse del líquido vital poniendo en jaque la sostenibilidad hídrica y el derecho al agua de la población trabajadora.

El Registro Público de Derechos de Agua expone que empresas como Enerall, Kekén, Bachoco y la Cervecería Yucateca extraen millones de metros cúbicos de agua al año, superando con creces el consumo de comunidades enteras. Enerall, por ejemplo, posee una concesión de más de 30 millones de metros cúbicos anuales, lo que evidencia la desproporción entre el consumo empresarial y el acceso al agua de la población local. La sobreexplotación no solo disminuye la disponibilidad del líquido, sino que genera contaminación por agroquímicos y desechos industriales, afectando directamente la salud de los habitantes.

Lejos de limitar esta situación, el gobierno sigue otorgando concesiones. Empresas como Heineken, que planea instalar una planta en Kanasín con una inversión de 8,700 millones de pesos, cuentan con el beneplácito del Estado, que justifica estas acciones bajo la promesa de empleo y crecimiento económico. Sin embargo, la experiencia con otras industrias muestra que los costos ambientales y sociales superan con creces los beneficios.

Además del consumo excesivo de agua, Enerall ha sido denunciada por la contaminación del agua con glifosato, afectando la salud de niños y niñas en comunidades cercanas. A pesar de las denuncias, la empresa sigue operando sin restricciones, mientras que las voces que buscan investigar el impacto ambiental son amenazadas y silenciadas. No hay que olvidar que Enerall fue denunciada por apropiarse de un cenote cuando su fundador, Alfonso Romo era el jefe de la oficina presidencial durante el sexenio de AMLO.

Kekén, la gigante de la producción porcina, se suma a esta vorágine de explotación del agua en Yucatán. Con más de 500 granjas en el estado, la empresa ha sido señalada por su impacto negativo en el manto freático debido al exceso de desechos animales y productos químicos que filtran nitratos y otros contaminantes. Aunque las denuncias de las comunidades afectadas han crecido, el respaldo gubernamental permite que Kekén continúe expandiéndose y aumentando su consumo de agua sin restricciones, a costa de la salud y el bienestar de los pobladores.

Otras empresas, como Bachoco y la Cervecería Yucateca, también participan en la explotación desmedida del agua. Con concesiones millonarias, estas compañías utilizan el recurso sin limitaciones, mientras que las comunidades rurales enfrentan restricciones en su acceso al agua potable. Empresas como Yal Plan Forestal, AES Mérida y Agros Cítricos han sido señaladas como las principales empresas acaparadoras del agua.

Mientras los monopolios consolidan su control sobre el agua, las comunidades se enfrentan a una política de despojo. Se criminalizan las protestas y se desacreditan las denuncias de los pobladores, favoreciendo el saqueo de recursos naturales en beneficio de los monopolios agroindustriales y cerveceros. La complicidad del Estado no es accidental; responde a la lógica del capital, que subordina los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental, de la que tanto hablan, a la acumulación de riqueza.

Frente a esta realidad, la lucha por el agua no puede reducirse a reformas legales o a la exigencia de una “gestión responsable” del recurso. El problema no es de regulación, sino del sistema económico en sí mismo. El agua, como bien común, es incompatible con la lógica del mercado, que busca convertirla en mercancía. La defensa del agua es, en esencia, una lucha contra el capitalismo. La organización y la lucha popular son las únicas vías para recuperar el control sobre los recursos y frenar el saqueo de los monopolios.