Por: Emiliano Zepeda.
Este 1° de enero del 2023 entró en vigor la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) mediante la cual se aumentan de 6 a 12 días las vacaciones tras el primer año trabajando. Sin embargo, el 46% de los trabajadores en Quintana Roo se hallan en la informalidad laboral (sin contrato, prestaciones, jornadas extenuantes, bajos salarios, etc.), lo que los coloca en una situación de desventaja puesto que no podrán disfrutar del aumento en los días de vacaciones.
Esto es un problema latente en todo el estado de Quintana Roo, incluso antes de la pandemia por COVID-19 la informalidad laboral siempre ha rondado en promedio entre un 45% y 51%. Esto se confirma con los datos que ha proporcionado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en años anteriores en donde se menciona que el sector turístico (sector del cual se mantiene económicamente Quintana Roo) es característico por un alto porcentaje en la informalidad laboral, las largas jornadas, los salarios bajos y la falta de prestaciones y derechos más básicos.
Desde las altas esferas gubernamentales, empezando por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hasta la cámara de diputados y senadores, se busca pintar esta reforma como “un logro del gobierno que sirve al pueblo”, pero, ¿de qué sirve una reforma que aumenta los días de vacaciones si prácticamente la mitad de trabajadores en un estado entero no podrán disfrutar de ellos? Peor aún, si nos fijamos en las cifras de la ENOE a nivel nacional, hay estados como Oaxaca con un 81.7% de informalidad laboral o Guerrero con un 79.3%. Esto significa que la gran mayoría, casi prácticamente todos los trabajadores de esos estados no podrán disfrutar del aumento en los días de vacaciones.
Dado todo lo anteriormente mencionado y las diversas acciones que el gobierno actual ha realizado a lo largo de su administración, la reforma a los artículos 76 y 78 de la LFT no se concretó con el objetivo de “brindar condiciones dignas a los trabajadores”, sino que es una estrategia política que permite apaciguar el descontento popular que ha venido incrementándose contra su gestión y busca no perjudicar a los monopolios en la acumulación de ganancias a costa de la explotación y precarización de la clase trabajadora.
Como respuesta, los trabajadores debemos organizarnos y luchar por un mejor salario, por más días de vacaciones pagados, por mejores condiciones laborales en general, pero también por el derrocamiento del poder burgués, por la destrucción del capitalismo, por la expropiación de la burguesía que se enriquece a costa de los trabajadores y por la socialización de los medios de producción. Solo mediante la construcción del socialismo, con un Estado verdaderamente obrero y campesino, podremos confiar y tener esperanza en que estas artimañas políticas actuales que favorecen a los monopolios no volverán a pasar.
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