Por Chak Sáastal
No hay duda de que las fuerzas armadas del Estado reprimen con especial dureza, a quienes representan una amenaza a los intereses de la burguesía. Tal y como hemos atestiguado, por ejemplo, con la represión a quienes se manifestaron contra los feminicidios en Cancún (http://elcomunista.nuevaradio.org/represion-en-cancun/). Pero parece que los policías no necesitan mayores razones para acabar con la vida de alguien. Tortura, abuso sexual y asesinato: tres de las más infames y comunes prácticas de la policía en Yucatán y en cualquier lugar en que la burguesía impone “el” orden, que no es otro que SU orden.
En lo que va del año (hasta el día 17 de noviembre), en Yucatán se tiene registro de 10 muertes bajo la tutela de policías municipales y estatales[1], entre las que se encuentran las siguientes:
Gaspar Avelino Sulub Cimé. Pescador originario de Progreso, quien murió la madrugada del 25 de febrero a bordo de una patrulla, luego de ser detenido por policías mientras viajaba junto a su pareja y sus dos hijas a bordo de un Uber. Tenía 45 años de edad.
José Alberto Acosta Caamal. Conocido fotógrafo, de 54 años de edad, oriundo de Tizimín, fue asesinado a golpes a manos de policías municipales, luego de ser arrestado la madrugada del 26 de marzo.
Ronald Richmond Díaz. Conocido poblador de Chacsinkín, de 46 años de edad, quien fue hallado muerto en un monte el 8 de abril, con signos de tortura. Los policías declararon desde un principio que se trataba de un suicidio. Una necropsia desmintió esta versión. Los principales sospechosos son elementos de la Policía Municipal de Chacsinkín, quienes ya habían agredido en dos ocasiones al ahora occiso.
José Santiago Medina Naal. Un hombre de 37 años de edad, que padecía una enfermedad mental, y que era muy apreciado por sus vecinos. Fue encontrado muerto en una carretera, luego de ser detenido el día 2 de octubre por policías municipales sin justificación alguna.
Salvador Osmar López Manzanilla. Quien murió estrangulado el 3 de noviembre, bajo custodia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Fue previamente torturado. Tenía 31 años de edad.
Hasta el momento, los casos siguen impunes. Las familias quedan a la espera de justicia para sus seres queridos, muertos a manos de las fuerzas represoras del Estado. Al igual que tantas injusticias, perpetradas o no por el Estado, estos casos son relegados al olvido. El Estado busca callar a quienes piden justicia, busca que sus voces no encuentren oídos que las escuchen. Casos como estos aparecen como una noticia fugaz y secundaria en los diarios. Sus lectores pasan página, literalmente, a los pocos días. No faltan tampoco las justificaciones, lamentablemente bien asimiladas, incluso cuando se reconoce la culpabilidad de las fuerzas del Estado. “Era un malviviente, se lo merecía”, dirían muchos. Tal es el tipo de mentalidad que producen las relaciones de producción capitalistas: individualistas, indiferente. Pero no podemos dejar de señalar cómo en cada uno de estos actos, el Estado y sus fuerzas, tanto por acción como por omisión, nos demuestran a todas luces la función que tienen en la sociedad: reprimir a la clase trabajadora y a los sectores populares. Ni la policía, ni el ejército, ni la Guardia Nacional, ni la marina, ni el Estado nos defienden; a quienes defienden son a otros: los empresarios, los ricos, los burgueses. Y esto no dejará de ser así mientras no le demos una salida revolucionaria a los problemas que enfrentamos.
Es necesario reconocer que no podemos esperar que la justicia venga de las manos de nuestros opresores. Si bien, podemos y debemos exigir que se haga justicia de manera inmediata, la verdadera justicia para nuestra clase solo puede venir de las manos callosas de nuestra misma clase, organizada para defender sus legítimos intereses y luchando por tomar lo que le pertenece: el papel dirigente de la sociedad.
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