Por Chak Sáastal
En rueda de prensa del día 2 de junio del presente, ejidatarios del estado de Campeche organizados como Ejidos Unidos en Defensa del Territorio expusieron una serie de amenazas y extorsiones que han sufrido por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por Fonatur para “liberar” el derecho de vía por donde pasará el Tren Maya. Dicha organización está compuesta por ejidos de Don Samuel, Candelaria, Haro, Escárcega, División del Norte, Miguel Alemán entre otras.
Los ejidatarios participantes mencionaron que la empresa Barrientos y Asociados ha llevado una serie de actos ilícitos que incluyen intimidaciones armadas y engaños económicos contra los ejidos con el beneplácito de Fonatur y la Procuraduría Agraria.
María Elena Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, menciona que hace dos años la empresa Barrientos y Asociados se acercó a las comunidades con promesas de derrama económica. Sin embargo, los ejidatarios no tienen idea de los impactos que traerá el Tren Maya porque la empresa, hasta el día de hoy, no les han entregado información clara al respecto. A su vez, menciona que existen muchas irregularidades en los convenios que los ejidatarios firmaron de manera forzada por la empresa. “En base a esto, en todo este tiempo, las instancias que deberían haber estado como Fonatur y Procuraduría Agraria no estuvieron. Nos dicen ahora que es por el COVID, pero sí estuvo la empresa y cometió actos ilícitos contra varias autoridades y varios ejidos” menciona la ejidataria. Asegura que las autoridades ejidales “han sido víctimas de engaño, maltrato psicológico y tortura ante las firmas de los convenios” por lo que se exige que se asegure la integridad y seguridad de todas las autoridades, sus familias y las diferentes organizaciones que les brindan apoyo en su lucha.
A su vez, Enrique Collí, ex comisario del ejido Miguel Alemán, narró que un licenciado llamado Alan Cruz Ruiz les ofreció pagar a los ejidatarios $3 por metro cuadrado de la vía por donde va a pasar el Tren Maya. Luego de la negativa del ejido, éstos hicieron la contraoferta de que se les pagara $6 por metro cuadrado, dicho abogado aceptó el acuerdo que fue firmado por todos los ejidatarios. A los 6 meses regresó al ejido donde les presentó un cheque válido por $628,000 y el ofrecimiento de llevar a Collí a Campeche al otro día para cobrar el cheque. Sin embargo, no solo no se le permitió que nadie le acompañe, sino que se percató que el personal del abogado iba armado. Por si eso no fuera poco, al final la propia empresa Barrientos y Asociados no le entregó la cantidad de dinero acordada ya que le estaba descontando el pago por “servicios profesionales”, ante el temor de Collí, ya que había prometido la cantidad íntegra a los demás ejidatarios.
El Presidente de Vigilancia del Ejido División del Norte, Delfino Gallegos, coincidió en que la empresa nunca llevó información clara a los ejidatarios, y mediante engaños convenció a los ejidatarios para firmar la venta de sus terrenos. Al percatarse de las anomalías acudió a la Procuraduría Agraria, pero dicha instancia se negó también a dar información. “Mandé un oficio [a la Procuraduría Agraria] para que me entregara qué fue lo que firmó el comisario, qué fue lo que firmó la autoridad para así poder hacer una asamblea y presentar delante de la asamblea para que mis compañeros entiendan qué es lo que firmaron. Pero Procuraduría Agraria se niega, ahora también por otro lado Fonatur también, ya fui a pedir esa información y no quieren entregarla […] ¿Para qué ponen a un Consejo de Vigilancia si no es para vigilar los documentos que va a firmar el comisario? […] Entonces es una asociación que maltrata a los ejidatarios, está acostumbrado a maltratar a los demás. Entonces nosotros no nos vamos a dejar, por eso creamos esta unión de ejidos para defensa de nosotros mismos ya que no tenemos justicia de parte de las autoridades competentes”.
Por último, Lilia Hernández, comisaria del ejido Don Samuel, menciona que la Procuraduría Agraria ha permitido actual a la empresa a sus anchas. Sin embargo, cuando acuden a dicha instancia, la respuesta que les dan es que “nunca fuimos a verles, pero si nosotros íbamos no nos daban cita porque era pandemia, pero ellos sí debían estar enterados de que estaban liberando recursos. […] Si no tenemos un asesor a nuestro lado que nos apoye pues yo lo digo sinceramente: no confiamos más en las instituciones porque ellos no nos están apoyando”. A raíz de las artimañas de Barrientos y Asociados, Hernández menciona que la comunidad ejidal se encuentra descontenta con las autoridades ejidales porque piensa que fueran ellas quienes cometieron el fraude y no la empresa. “La comunidad está muy enojada con nosotros porque piensa que nosotros nos quedamos con ese dinero y no es justo. Ese dinero se lo llevó Barrientos y Asociados con el despachó que contrató”, por lo que exige que la empresa regrese el dinero.
En palabras de María Elena Hernández, esto último es el modus operandi de la empresa ya que Barrientos y Asociados deposita el dinero en cuentas específicas y después culpa a los comisarios cuando se presentan irregularidades.
Los ejidatarios mencionan que comunidades como Candelaria existían desde antes de que se construyeran las vías del Tren, contrario a lo que el Gobierno Federal ha dicho y que usa como argumento para desalojar a los pobladores en calidad de “invasores”. Además, expresan que con todas estas amenazas buscan que los ejidatarios desistan de continuar con las acciones legales.
Los miembros de Ejidatarios Unidos en Defensa del Territorio coinciden en exigir al gobierno de López Obrador para que tome cartas en el asunto y resuelva el problema, ya que ellos mismos le dieron su apoyo en las elecciones pasadas, pero hasta el momento su gobierno no parece mostrar interés por su caso.
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