Por: Manuel Mejía.
En noviembre de 2022 el gobernador del Estado de Yucatán, Mauricio Vila, anuncio el proyecto del viaducto de Progreso con el fin de reducir el tráfico, accidentes y ruido generado por las unidades que transitan por el puerto. Se señala que dichas construcciones traerán un beneficio para quienes vivan en esta zona.
Este viaducto no es el único proyecto que se estará realizando en Progreso, sino que también tendríamos que estar sumando a la ampliación del puerto de altura y la construcción del astillero de reparación, que será el más grande de América Latina, que fue firmado en el 2020.
Sin embargo, debemos preguntarnos ¿a quienes beneficiaran dichos proyectos? En las conferencias en las que ha dado a conocer y promocionar dichas construcciones, Mauricio Vila menciona que “el puerto de Progreso es un punto estratégico para el desarrollo de Yucatán, no solo por recibir todas las importaciones y exportaciones que se producen, sino que además es el principal puerto turístico”. También menciona que actualmente en Progreso circulan 1,400 contenedores de carga pesada, cantidad que, según sus propias palabras, “se incrementan de manera natural cada año solamente con las empresas que ya tenemos en Yucatán (…), las que exportan granos, envases universales, la cervecería, etc., todas nos reportan crecimientos anuales de un 10% y 20% año con año”.[1] Esto nos deja claro que los proyectos son en beneficio de las empresas, tanto las que ya están como las que llegarán a futuro a Yucatán, reduciendo significativamente el tiempo de llegada de las mercancías y claramente bajando los costos de transporte de las mismas, mientras que, en nombre del “desarrollo” continuará la explotación del suelo y del entorno de las y los trabajadores.
Desde su anuncio, dicha construcción generó descontento entre los vecinos de Progreso debido a que no se les incluyo en la participación y consulta de los proyectos, así como por la falta de transparencia alrededor del proyecto. Los vecinos mencionan que tienen miedo al desplome del viaducto donde transitarán las unidades pesadas tanto de ida como de vuelta. En este mismo sentido hacen mención de un mal diseño del proyecto con datos falsos y afectaciones a las casas que tienen más de 50 años de antigüedad. Los vecinos se han organizado para dialogar con las autoridades para proponer un proyecto alterno y con otras medidas de seguridad, pero hasta ahora ninguno de los tres niveles de gobierno ha escuchado su petición.
El dialogo no ha sido la única forma de lucha que han empleado la unión de vecinos, sino que también los amparos son elemento que utilizan, pero la respuesta solo es desfavorable, pues ante el primer amparo que interpusieron, el juez dictaminó que no había afectación ambiental y que, al tratarse de una obra pública, los beneficios son mayores que las afectaciones[2], tal y como funciona el Estado burgués. Lo que no menciona es que dichos beneficios no son para la población, sino para los monopolios.
La organización vecinal que en Progreso ha encabezado la lucha contra la obra ha solicitado ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) una serie de documentos con los siguientes puntos:
1. Resultado y adjudicación de la licitación.
2. Fecha de publicación de estos resultados en el Diario Oficial del Estado (DOE).
3. Estudios socioambientales del proyecto.
4. Estudios de viabilidad del proyecto.
5. Proyección y datos financieros (incluyendo el retorno de la inversión) y presupuestos del proyecto.
6. Planos de Obra.
7. Reseñas de las empresas ganadoras de la licitación.
8. Toda información referente al proyecto.[3]
La solicitud de los documentos se hizo con el objetivo de estudiarlos, analizarlos y que sean presentados en los amparos antes los jueces y tribunales. Sin embargo, el INCAY se ha negado a entregar dicha información en por lo menos 5 años, con el argumento de evitar que el proyecto sea “idealizado” por la población.
El Estado burgués funciona como una maquinaria en la que todos sus engranes están en la misma sintonía. Por un lado, el gobierno elaborando obras en beneficio de los monopolios; luego, las dependencias, negando la información de los mismos solicitadas por la población; finalmente, el poder judicial, fallando a favor del gobierno, poniendo en evidencia los límites de los amparos y evidenciando que no son más que un fetiche bajo la dictadura de la burguesía.
Este y todos los demás proyectos capitalistas tienen el único objetivo de enriquecer y beneficiar a los monopolios. Queda claro que quienes gobiernan, independientemente de a cuál partido burgués pertenezcan, sirven a una clase en específico, que es la burguesía. Es importante que como clase oprimida nos organicemos para echar atrás toda esa infraestructura capitalista y construir, como clase obrera en el Poder, la infraestructura necesaria en beneficio de nuestra clase.
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