Empresarios al mando: ¿la izquierda en el poder?

Por: Roberto Grajales.

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, sostuvo una reunión con los grandes empresarios del país en Palacio Nacional. Entre los asistentes destacaron Carlos Slim, el hombre más rico de México, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien declaró sin rodeos que la finalidad del encuentro fue “apretar para que avance más rápido el Plan México”. Este plan, presentado por el nuevo gobierno como una plataforma para el desarrollo, no es sino una estrategia de relanzamiento de aquellos proyectos del Plan Puebla Panamá, que a través de inversión en infraestructura y subsidios industriales, busca brindar las condiciones necesarias para que los monopolios continúen expandiendo su dominio territorial y sus ganancias económicas.

Como parte de esta estrategia, se contempla el fortalecimiento de dos zonas clave en la península de Yucatán: el corredor industrial Mérida–Progreso y el desarrollo agroindustrial en Campeche. Ambos proyectos se presentan como oportunidades de desarrollo para la región, pero en realidad están diseñados para atraer capital, relocalizar cadenas de suministro y abaratar los costos de producción mediante la explotación de los recursos naturales y la mano de obra local. Bajo el eufemismo de “relocalización estratégica”, lo que se gesta es un nuevo ciclo de despojo y subordinación territorial al capital.

Para garantizar la operación de esta maquinaria, el Plan México contempla también la ampliación del gasoducto Mayakan, a cargo de la empresa francesa ENGIE, a través de su filial Energía Mayakan. Esta empresa firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para duplicar la capacidad de transporte de gas natural desde el sureste mexicano hasta la península, con una inversión superior a los 2 mil millones de dólares. Este megaproyecto energético es presentado como necesario para atraer nuevas industrias y garantizar “soberanía energética”. Sin embargo, en el terreno, la historia es otra.

Lejos de beneficiar a las comunidades, la ampliación del gasoducto ha provocado una oleada de conflictos con ejidatarios en Campeche y Yucatán. Comuneros de municipios como Hecelchakán, Tenabo y Kopomá han denunciado que las ofertas económicas por el uso de sus tierras son insultantes, entre 30 y 60 pesos por metro cuadrado, mientras los avalúos comunitarios exigen pagos de hasta 500 pesos. A pesar de no haber acuerdos firmados en varios tramos, la maquinaria de ENGIE continúa su avance con respaldo del gobierno federal, militarización incluida, vulnerando la propiedad social y atropellando los tan hablados, derechos colectivos.

En este contexto, cabe preguntarse, si el beneficio es para el pueblo, ¿por qué la reunión para acelerar el proyecto fue con los empresarios y no con los ejidatarios o con los trabajadores que habitan las comunidades afectadas? La respuesta es clara. Este gobierno, igual que los anteriores, sirve a los intereses de la burguesía, aunque su discurso esté plagado de promesas sociales y frases progresistas.

El Plan México, lejos de ser una vía hacia la justicia social, reafirma el rumbo del capitalismo mexicano, salarios de miseria, subsidios a los empresarios, megaproyectos impuestos y explotación de los recursos naturales. Quienes verdaderamente se benefician de este gobierno no son la clase trabajadora y los sectores populares, sino los grandes empresarios que se sientan a la mesa del poder. Mientras tanto, el pueblo trabajador continúa condenado a sobrevivir con salarios mínimos, sin tierra, sin derechos, sin voz. A pesar de ello, algunos oportunistas, con el cinismo propio de los esquiroles, vociferan que este es el gobierno del pueblo, la “izquierda en el poder”. Sin embargo, quienes llevan el timón del barco, quienes dan las órdenes desde el Palacio Nacional, son esa minoría que ha vivido a expensas de nuestro trabajo por tantos años: la burguesía.