Por Aidé Carrillo
Un día después de que se anunciara la detención de los presuntos responsables del asesinato, violación y tortura de José Eduardo Ravelo, el joven veracruzano detenido y agredido por la policía municipal, empezó a circular un video en el que supuestamente se registra al joven José Eduardo en estado de intoxicación y los policías se acercan de manera “respetuosa” a señalarle su falta por andar en estado inconveniente en la vía pública.
Sobra decir que la madre del joven ha denunciado este hecho como “una bajeza” de parte de la policía y del municipio, ya que el video no corresponde al arresto de su hijo y el del video es otra persona.
Algo que señala de manera clara doña Dora María Ravelo es que ninguna circunstancia en la que se encuentre una persona detenida justifica la tortura y la violencia a la que fue sometido José Eduardo y que terminaría causándole la muerte. Nadie en ninguna condición merece que la policía lo detenga y sea tratado sin ningún tipo de respeto. Las acciones de la policía en este caso son alarmantes y más aún lo es la manera en la que el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, trata de minimizar la situación al referirse a las circunstancias de la muerte de la víctima como “extrañas” dejando lugar a dudas sobre la denuncia que José Eduardo interpuso antes de su lamentable muerte.
La circulación del video en estos días parece tener la función de desacreditar a la víctima, proceder común del estado ante su responsabilidad de impartir justicia pronta, parece ser que el estado de la persona detenida validara la agresión de alguna manera y que esto pudiera contribuir a que los responsables sean un poco “menos” culpables. No es así, la responsabilidad no puede ser trasladada a las víctimas.
Es muy clara la postura del estado cuando un joven migrante y pobre, es asesinado por la fuerza pública, así como cuando un agente de la fuerza pública también lo es. En el primer caso usa sus medios para minimizar el hecho, en el segundo usa toda su fuerza para demostrar que tiene la capacidad de inmovilizar a quien atente contra la fuerza represiva, pues dejarlo pasar sería un insulto para el aura de estado seguro que el gobierno de Vila Dosal trata de mantener. Cuando el Escudo Yucatán se ve afectado, el estado se moviliza, cuando este mismo escudo es el que oprime y mata, la maniobra pasa a ser de protección para los asesinos. No reconocer la crítica impide que se den soluciones de fondo y van dejando claro que la única manera de mantenernos seguros y seguras como clase trabajadora es organizándonos en nuestros barrios, colonias, centros de trabajo para cuidarnos entre nosotros, pues quien debería velar por nuestra seguridad es quien podría asesinarnos por el simple hecho de caminar por las calles de la Mérida de la “paz”.
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