Por Cristóbal León Campos
Los acontecimientos recientes dejan un sabor amargo y una sensación conocida de indefensión en torno a la impartición de justicia, el asesinato del joven José Eduardo, la no vinculación a proceso de los policías municipales, la circulación posterior de videos en los que se aprecia el maltrato y el estado crítico de la víctima al momento de ser recibido, recluido y liberado de los separos municipales, son ingredientes en una nueva afrenta a la sociedad en general, pero particularmente a la clase trabajadora y sectores desposeídos a los que pertenecía.
El juego y manejo político del asunto ha enturbiado la impartición de justicia, pues bien se sabía de antemano que los policías serían protegidos por el gobierno y que se procuraría desvincular la imagen corporativa del crimen, ahora se ha podido notar de igual forma, la complicidad de muchos medios de comunicación que han preferido criminalizar a la víctima, burlar la inteligencia de la población al querer fingir “imparcialidad” contribuyendo a la liberación de los policías y asegurar las prebendas que reciben del poder. El crimen es claro, José Eduardo fue abusado física, psicológica y sexualmente, al grado de fallecer por las lesiones ocasionadas por ese abuso, vivió claramente un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, la violencia sexual se demostró en el parte médico, los videos son claros, fue detenido sin que se conozca el pretexto, fue dejado en el separo con claras afectaciones a su salud sin recibir atención médica, fue difamado por la circulación de un video burdo con el que se pretendía inculparlo por “andar en estado inadecuado”, lo cual es totalmente falso y aunque hubiera sido verdad no justifica ni explica su asesinato. Estamos frente a un crimen que debe ser aclarado cueste lo que cueste y resquebraje el omnipresente poder con el que se intentan encubrir los culpables y quienes los protegen, sea por imagen política, corporativa o por simple placer.
Las promesas de justicia son insustanciales y demagógicas, el poder se protege a sí mismo poniendo en marcha todo su aparato mediático-ideológico, mientras el reclamo social se ha dejado sentir en las calles del centro histórico de la ciudad de Mérida, en donde ahora puede observarse huellas de la indignación por el crimen en las columnas de los recintos de gobierno municipal y estatal, leyendas como “asesinos”, “violadores”, “la policía no nos cuida, nos mata”, y muchas otras circulan en las redes sociales, y a pesar de la decisión del Juez de Control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, la sociedad y sobre todo las generaciones nuevas vinculadas a procesos reivindicativos en torno a las diferentes libertades y derechos humanos, saben bien que estamos ante un caso repugnante de arbitrariedad, violencia policiaca y encubrimiento por intereses políticos y económicos de los gobernantes.
La ciudad “más pacífica” es manchada por los mismos que dicen y propagan esa imagen, una ironía más de los tiempos que vivimos. En Yucatán acontece un reacomodo del interés capitalista acelerado que se refleja en la entrada de capital trasnacional monopólico para la inversión en los llamados grandes proyectos de la administración actual, la precarización se agudiza y los procesos contradictorios al interior del sistema propios de la crisis que vivimos se manifiestan, la descomposición de los organismos medulares de la estructura gubernamental es resultado natural de este proceso, este crimen como muchos otros ya denunciados tiempos atrás en los que se registra claramente violencia policiaca y de Estado, van en aumento junto a la desmoralización de corporaciones naturalmente adversas al bienestar humano.
Ahora la sociedad deberá expresar su repudio o su complacencia ante un nuevo crimen que no puede ser tolerado.
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