Por: Emiliano Zepeda.
Habitantes del asentamiento irregular “2 de Octubre” en el municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, sufrieron un intento de desalojo forzoso por parte de las fuerzas policiales, militares y la Guardia Nacional el pasado miércoles 24 de agosto.
Con gases lacrimógenos y con maquinaria pesada, las fuerzas del Estado presionaron e intimidaron derrumbando viviendas para desalojar a los habitantes de dicha colonia a la fuerza, sin embargo, los mismos, con pedradas, pilas de piedras, neumáticos y madera listos para prenderles fuego, se defendieron dentro de lo posible y evitaron el intento de expulsarlos.
La colonia es parte de 200 hectáreas de tierras públicas que fueron vendidas a empresarios de la construcción mayormente extranjeros en los años 2000, por lo que las autoridades municipales han mencionado que son invasores, y como tal, serán desalojados, así lo aseguró el Fiscal General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, al decir: “Ya tenemos las denuncias de los propietarios y las órdenes de desalojo de los jueces”.
Otro de los aspectos que usan las autoridades gubernamentales para justificar el desalojo es que esa colonia tiene un alto nivel de delincuencia, sobre todo en lo referente a la venta de droga.
Este intento de desalojo, en realidad, tiene un trasfondo de intereses económicos de los empresarios inmobiliarios ya que, ante el auge de Tulum como destino turístico de talla internacional en los últimos años, la construcción de hoteles y centros de hospedaje ha aumentado debido a la mayor afluencia de turistas, por esa razón, se sabe y está confirmado que los propietarios de los terrenos en donde se ubica dicha colonia irregular, quieren desocupar esa zona para construir condominios de lujo destinados al alojamiento de turistas mayormente extranjeros, cuyo poder adquisitivo es mucho mayor que el de las personas que habitan hoy en día en la irregularidad.
Los habitantes han manifestado su total oposición al desalojo ya que no están a favor de quedarse sin una vivienda para satisfacer los intereses económicos de un puñado de empresarios.
Uno de los líderes del asentamiento, José Antonio León Méndez, un soldador que vive entre Cancún y Tulum desde hace aproximadamente tres décadas, mencionó que la mayoría de “paracaidistas” (término con el que se suele referir a personas que se asientan en tierras privadas) trabajan como cocineros, jardineros y albañiles en los condominios y hoteles de la zona, y que lo verdaderamente escandaloso del asunto es que los quieren echar de sus viviendas para construir unos condominios que ellos, con su situación precaria, jamás podrán adquirir.
En el municipio de Tulum, $20 USD diarios (aproximadamente $400 MXN diarios) es considerado un buen salario, sin embargo, aún con ese ingreso, para un trabajador mexicano le tomaría décadas comprar una propiedad como las que se intentan construir por parte del sector inmobiliario en el terreno.
Las autoridades incluso han intentado negociar una reubicación, sin embargo, los habitantes se niegan, ya que, como muchos de ellos aseguraron: “Nos quieren mandar a 20 kilómetros, eso no se puede negociar”, y es que con los precios del transporte público (taxis y autobuses, sobre todo) que es pensado más que nada para los turistas, el transportarse a sus centros de trabajo les costaría a estos trabajadores un aproximado de ¼ de su salario diario, lujo que no se pueden permitir.
Este intento de desalojo refleja la precarización, explotación, hostigamiento y represión que sufre la clase trabajadora y los sectores populares en este sistema capitalista. Los empresarios inmobiliarios, mediante el Estado como su maquinaria de represión contra los explotados, quieren desalojarlos sin importar que duerman a la intemperie y todo para que se construyan condominios lujosos para engrosar sus bolsillos.
Pero incluso, este suceso es una pequeña muestra de lo que le espera a la clase trabajadora no solo de Tulum sino de toda la Península de Yucatán de llegar a construirse el Tren Maya, ya que dicho megaproyecto impulsará aún más el sector turístico y los empleos precarizados que conlleva, aparte de impulsar más el sector inmobiliario. Esto, en conjunto con la iniciativa del presidente de la república de colocar a la Guardia Nacional en manos del Ejército, es un claro ejemplo de que para la clase trabajadora en la península y, de hecho, en todo el país, no existe esperanza alguna en este sistema.
No hay que quedarse de brazos cruzados, la lucha es necesaria para la resistencia, pero solo la lucha organizada y consciente es el camino hacia la victoria. En este sistema los trabajadores siempre seremos precarizados, explotados, acosados y reprimidos para satisfacer los intereses de un puñado de empresarios tal como lo demuestra este intento de desalojo. Por ende, solo cuando se derroque este sistema, cuando se derroque el capitalismo, cuando no sea una minoría empresarial la que dicte con base en sus intereses económicos la suerte de millones de personas de clase trabajadora sino que sean las necesidades de esta mayoría las que imperen, en resumen, cuando construyamos un nuevo modo de producción superior, el socialismo, se podrán erradicar todos los males que nos aquejan como trabajadores (bajos salarios, el no poder acceder a una vivienda digna, un trabajo digno, servicios de salud y educación garantizados y de calidad, etcétera).
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