La criminalización de la protesta en el estado de Campeche

Por: Luna Grajales.

El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no es una fecha simbólica vacía ni una celebración superficial, es una jornada histórica de lucha construida por generaciones de mujeres obreras que enfrentaron la explotación, la violencia y la marginación dentro del sistema capitalista. Desde su origen, el 8 de Marzo ha representado la organización colectiva de las mujeres contra las estructuras del poder capitalista que sostienen su opresión. Por ello, la movilización de las mujeres trabajadoras en fecha es una expresión política que cuestiona las relaciones de poder existentes en el capitalismo. Lo ocurrido en la ciudad de Campeche durante la manifestación de este año revela con crudeza la forma en que el Estado responde cuando las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras, sean madres o estudiantes, deciden alzar la voz.

Durante la jornada de protesta, cientos de policías detuvieron a mujeres que simplemente ejercían su derecho a manifestarse. Muchas de ellas ni siquiera participaban directamente en actos de confrontación; algunas regresaban a sus casas, otras caminaban por la zona, e incluso había mujeres con niñeces. Aun así, fueron tomadas por la fuerza, golpeadas, amenazadas y sometidas a diferentes formas de violencia. Algunas terminaron en la fiscalía del estado, mientras que otras fueron subidas a patrullas y llevadas a zonas alejadas de la ciudad para luego ser abandonadas; otras tienen carpeta de investigación por cargos aplicados injustamente. Estos hechos no pueden entenderse como incidentes aislados o como excesos individuales de ciertos agentes policiales, estas acciones reflejan la función del Estado dentro del sistema capitalista.

El Estado no es una institución neutral encargada de garantizar el bienestar común. Por el contrario, se trata de un aparato político que protege los intereses de la clase dominante. Sus instituciones (las fuerzas de seguridad, los tribunales, las fiscalías) funcionan para preservar el orden social existente, un orden que beneficia a quienes concentran el poder económico y político. Cuando los sectores oprimidos cuestionan ese orden, el Estado responde mediante mecanismos de control, represión y criminalización. La violencia ejercida contra las manifestantes el 8 de Marzo en Campeche debe entenderse precisamente dentro de esa lógica: una respuesta estatal frente a una movilización que cuestiona las estructuras de dominación.

Históricamente la opresión de las mujeres no puede analizarse de manera aislada de las relaciones de clase. Las mujeres trabajadoras enfrentan una doble o incluso triple explotación: por un lado, la explotación económica dentro del sistema capitalista; por otro, la opresión social al colocarse sobre sus hombros el cuidado del hogar, a pesar de contribuir también a la economía del hogar proletario; en tercer lugar, la del cuidado de los hijos, la reproducción de la fuerza de trabajo a futuro para la clase explotadora, sin mencionar, además, todo el entramado político, ideológico, social y cultural que sostiene y legitima esa triple opresión. Cuando las mujeres se organizan para denunciar estas condiciones, el sistema responde intentando deslegitimar su lucha o neutralizarla. En este sentido, la represión contra las manifestantes no solo busca castigar a quienes participaron en la protesta, sino también enviar un mensaje disciplinador al conjunto de la sociedad.

La desigualdad del sistema judicial es otro elemento central que se hace evidente en estos acontecimientos. Las compañeras detenidas no solo enfrentan acusaciones; enfrentan un sistema profundamente desigual en el que la justicia depende, en gran medida, de los recursos económicos disponibles. Quien tiene dinero puede pagar una fianza, contratar abogados especializados y acelerar su proceso de liberación. En cambio, quien no cuenta con esos recursos queda atrapada dentro de una maquinaria legal compleja, lenta y muchas veces inaccesible. Esta realidad revela cómo el acceso a la justicia se encuentra atravesado por las mismas desigualdades que estructuran el sistema capitalista.

El Estado es consciente de esta desigualdad. Sabe que muchas mujeres, particularmente jóvenes o provenientes de sectores populares, no poseen conocimientos legales ni los recursos necesarios para defenderse adecuadamente. Esa vulnerabilidad se convierte entonces en un mecanismo que facilita la criminalización. Detener a mujeres inocentes, retenerlas por horas, días o iniciar procesos legales en su contra no solo representa un acto de injusticia individual; constituye una estrategia de intimidación colectiva. La intención es generar miedo, desmovilizar y debilitar la organización social.

Resulta particularmente grave que esta represión ocurra en un contexto donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática persistente y muchas veces impune. Mientras miles de mujeres enfrentan agresiones, desapariciones o feminicidios sin que exista una respuesta efectiva por parte de las instituciones, el aparato estatal demuestra una gran rapidez y contundencia cuando se trata de reprimir la protesta. Esta contradicción evidencia una jerarquía de prioridades dentro del sistema: proteger el orden establecido parece ser más urgente que garantizar las condiciones vida de las mujeres trabajadoras.

La lucha por los derechos de las mujeres no puede limitarse a reformas superficiales dentro del sistema existente. La opresión de género está profundamente vinculada a las estructuras económicas y políticas del capitalismo. Por ello, la emancipación de las mujeres implica también una transformación radical de las relaciones sociales que sostienen su explotación. Las movilizaciones del 8 de Marzo, lejos de ser simples expresiones simbólicas, forman parte de un proceso histórico más amplio en el que las mujeres organizadas cuestionan las bases mismas de la desigualdad.

Los hechos ocurridos en Campeche muestran con claridad que la protesta de la mujer proletaria sigue siendo percibida como una amenaza por las estructuras de poder. La respuesta represiva del Estado confirma que la lucha por la emancipación de las mujeres continúa enfrentando resistencias profundas. Sin embargo, también demuestra la fuerza de un movimiento que, a pesar de la criminalización y la violencia, sigue organizándose y denunciando las injusticias.

La historia de las luchas sociales demuestra que ningún derecho ha sido concedido voluntariamente por quienes detentan el poder; todos han sido conquistados mediante la organización colectiva y la resistencia. Por ello, mientras existan compañeras criminalizadas por alzar la voz, la lucha no puede detenerse. La defensa de las mujeres detenidas no es únicamente una cuestión de solidaridad individual, sino una defensa del derecho colectivo a protestar, a organizarse y a exigir una sociedad verdaderamente justa.

En última instancia, lo ocurrido el 8 de Marzo en Campeche vuelve a poner en evidencia la naturaleza de un sistema que responde con represión cuando las mujeres cuestionan su poder. Frente a ello, la organización de la mujer, pero no de la mujer en abstracto, como si la mujer burguesa y la mujer proletaria pudieran ser compañeras de una misma lucha, sino la organización de las mujeres trabajadoras y la conciencia política siguen siendo herramientas fundamentales para continuar la lucha por la emancipación de todas las mujeres trabajadoras.