Por Guillermo Uc
(Ponencia presentada en el Foro por la dignidad y la resistencia contra los megaproyectos llevado a cabo el pasado 20 de diciembre de 2020).
La 4T es la culminación de un proceso de reacomodo de las fuerzas burguesas que viene entrelazándose con otro fenómeno, cuyo origen se sitúa a principios de los años 80, con la autoliquidación del histórico Partido Comunista Mexicano. Dicho partido, desde la década de los 60, venía sufriendo una degradación de sus principios marxistas-leninistas, cuando, en lugar de defender el Poder obrero, la dictadura del proletariado, la revolución socialista, comenzó a levantar banderas abstractas y sin mucho contenido como las “libertades democráticas”, los “derechos humanos”, la vía electoral como la única legítima y la democracia como valor universal y fin último de las luchas de este país, etc.
En ese sentido es que, en 1981, siguiendo la línea eurocomunista que comenzaba permear en algunos partidos comunistas, el PCM histórico decide fusionarse con otras fuerzas políticas de “izquierda” y desaparece como partido de la clase obrera. Este proceso no culminaría ahí, sino que seguiría su curso hasta 1989 cuando cede finalmente su registro, junto con todo su patrimonio material e histórico, al PRD, partido progenitor de lo que actualmente conocemos como Morena.
Podríamos aquí profundizar en cómo Morena y la 4T han bastardeado cínicamente la historia del PCM, de cómo pretenden legitimarse vendiendo el cuento de que ellos son el producto de las históricas luchas proletarias y populares que se desarrollaron en el siglo pasado, incluida la de los comunistas, pero ese no es el propósito de este foro ni de esta ponencia. Simplemente hacemos mención de que fue precisamente el abandono de los principios de lucha obrera y de los sectores populares, la adopción de tesis liquidadoras y burguesas por parte de la dirigencia del antiguo Partido Comunista Mexicano lo que, junto con la necesidad de la burguesía monopolista mexicana de reacomodar sus fuerzas en aras de encontrar quien vele por sus intereses, lo que dio origen a que Morena lograra ganarse la confianza de los monopolios para ser ahora el partido que está en el gobierno.
Los orígenes de lo que hoy es la 4T se ubican en esas tendencias oportunistas que se alejaban cada vez más del socialismo-comunismo y comenzaban a abrazar conceptos que, por ser tan abstractos, eran funcionales para la burguesía mexicana. Uno de esos conceptos era el de la “democracia”, la “lucha por la democracia”, todo por la “conquista de la democracia”, etc. Y cuando la 4T, por fin, “conquistó” la democracia, parecía como si la historia hubiera llegado a su fin, que se abría un nuevo camino para la paz, la felicidad y la prosperidad. Sin embargo, si analizamos el concepto desde una óptica dialéctica y hacemos la comprobación en la realidad, hemos de darnos cuenta de que nada ha cambiado.
Cuando Lenin, en su texto titulado “Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado”, nos habla del problema con usar indiscriminadamente el término “democracia”, nos dice que los gritos en defensa de la "democracia en general" son de hecho defensa de la burguesía y de sus privilegios de explotación”. En efecto, cuando la burguesía se llena la boca usando términos abstractos como “democracia”, lo que no menciona es que ese concepto siempre hay que situarlo preguntándose “democracia para qué clase”, no puede haber democracia para todas las clases. Por tanto, la democracia que la 4T defiende, como representante de la burguesía, es la democracia para los capitalistas y la dictadura para el proletariado y los sectores populares, a pesar de su bonapartismo en el que pretende presentarse como representante de todas las clases.
En este sentido, toda obra o proyecto que López Obrador, como la cabeza visible de la 4T, presente, es para beneficio de la clase a la que representa, o sea la burguesía. Es falso que con el Tren Maya se busca el desarrollo de las comunidades del sureste, históricamente marginadas con respecto al resto del país, o sacar de la pobreza a la clase trabajadora de la región. En todo caso, el desarrollo que se busca es para el capitalismo, para los monopolios.
De ahí la desesperación del Gobierno Federal para echarlo a andar y de ganarse la legitimidad para el proyecto. Vemos como en esos intentos desesperados, recurre a utilizar toda la maquinaria del Estado burgués para ese propósito, de cómo utilizando una retórica “democrática”, no hace sino demostrar que la democracia burguesa es solo para una clase.
Desde el comienzo, con el proceso de información a las comunidades sobre el proyecto del Tren Maya, no se siguió lo que, incluso dentro de los parámetros de la legalidad burguesa, se indica. México ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo artículo 7 menciona “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”, además de que “Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
El gobierno de México no otorgó información clara, precisa y científica a las comunidades indígenas que les permitiera tomar una decisión consciente sobre el proyecto, por lo tanto, tampoco están plenamente informados sobre las afectaciones ambientales, sociales y culturales que el Tren Maya representa. Con todo y eso, el gobierno muy hábilmente convocó a una consulta con los pueblos para bañar en legitimidad la obra. Pero incluso con esa maniobra fracasó, ya que solo el 2.86% del padrón electoral de las comunidades donde pasará el Tren decidió ejercer su derecho a decidir. Era evidente que, con tan poca información, las comunidades indígenas quisieran posicionarse sobre un proyecto que desconocían. Pero, con todo y ese fracaso, para el Estado burgués ese porcentaje insignificante le fue suficiente para declarar que las comunidades habían dicho SÍ al megaproyecto y, con eso, expresar con toda vehemencia, que “llueva, truene o relampaguee, el Tren va porque va”, y que cualquiera que osara oponerse a la obra, era un conservador, enemigo del progreso de tan benévola obra que busca sacar del atraso a los pobres indígenas. Desde ese momento, la propaganda oficial comenzó a difundir el discurso de que ser opositor al Tren, sería lo mismo que ser opositor a los pueblos indígenas, que tan concienzudamente habían dado su aprobación al megaproyecto. Así funciona la democracia burguesa.
Sin embargo, a pesar de que la 4T habla en nombre del progreso de los pueblos indígenas, éste mismo gobierno niega la existencia de más de 150 organizaciones, la mayoría de ellas indígenas, que se han opuesto al Tren, organizaciones que se han puesto a investigar y se dieron cuenta de que el Tren no solo no representa ningún progreso para ellos, sino que, al contrario: representa sumirlos más en la precariedad y la marginación.
Ni corto ni perezoso, el gobierno ha emprendido una campaña sistemática contra esas organizaciones. El 28 de agosto, en su tradicional mañanera, el presidente López Obrador acusó a varias organizaciones en defensa del territorio de estar financiadas por organismos extranjeros. Tal como en los viejos del priísmo, la 4T construye la versión oficial de los “enemigos” del Estado, vinculándolos a poderes externos que no viven para otra cosa que “sabotear” su gobierno. Este discurso criminalizador lo que hace es justificar ante la opinión pública cualquier futura agresión contra esas organizaciones.
No pasó ni un mes cuando, el 20 de septiembre, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), una de las organizaciones acusadas por López Obrador, fue víctima de un acto intimidatorio. La habitación de una administradora de la organización fue allanada y en el acto se perdieron tarjetas de banco, equipo de trabajo e información bancaria. Tres días después, otro integrante del CRIPX recibió una amenaza de muerte en su celular, algo que ya se ha vuelto muy común y que no es la primera vez que algún defensor del territorio en la península recibe amenazas de esta naturaleza.
Desgraciadamente, esas amenazas no quedan simplemente en eso. En febrero de 2019, luego de varias amenazas, fue asesinado Samir Flores por oponerse a la termoeléctrica de Huexca en Morelos, otro de los megaproyectos fuertes de la 4T, un patrón muy curioso que se ha venido sistematizando en la 4T: cuando, por medio de la legalidad, el gobierno no consigue disipar la oposición a sus megaproyectos, recurre a la fuerza y a la violencia.
¿Qué es lo que se intenta demostrar con esto? Algo muy sencillo. López Obrador desde que ha estado en campaña prometía que nunca se iba a reprimir al pueblo. Uno de sus eslóganes favoritos es el de “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Esta artimaña ha servido, porque para algunos sectores de la llamada “izquierda”, pareciera que la naturaleza del Estado como instrumento de opresión de una clase sobre otra estuviera determinada por las características personales o psicológicas de ciertos individuos, en este caso, el presidente de la República. Cómo AMLO es una persona “buena”, como la 4T es el triunfo de la “democracia verdadera”, nunca se va a reprimir a quienes pongan en riesgo los intereses de los monopolios.
La democracia no es la expresión de la lucha de “buenos” contra “malos”. No importa que tan “bueno” sea quien esté presidiendo la junta de administración de los intereses de la burguesía. La realidad material indica que, aunque dicha persona tenga ciertas virtudes personales, su tarea es velar por los intereses del capitalismo, valiéndose de todos los medios que ese instrumento especial de represión que conocemos como Estado le facilite. Y aunque formalmente, la democracia burguesa reconozca la igualdad de todos y todas ante la ley, aunque se firmen y ratifiquen convenios como el 169 de la OIT que, en la letra, garantiza que el Estado respete la autodeterminación de los pueblos, en la práctica la democracia solo está reservada para un puñado de capitalistas y de monopolios; en la práctica, la autodeterminación de los pueblos se convierte en un obstáculo para que la burguesía continúe produciendo ganancias para su clase.
Es cierto que la propia legalidad burguesa tiene ciertos defectos o, mejor dicho, históricamente ha tenido que hacer ciertas concesiones producto de la lucha, que pueden ser aprovechadas en su contra. En ese sentido, una forma de lucha legal que ha dado ciertos resultados ha sido la de interponer amparos contra el megaproyecto, evidenciando las claras omisiones, deficiencias y violaciones al derecho que la obra presenta. Esta lucha ha servido para que la construcción de determinados tramos se suspenda temporalmente y que, así, las distintas organizaciones que se oponen al Tren puedan ganar algo de tiempo para emprender los siguientes pasos.
Pero no podemos dejar de ver la realidad desde un punto de vista materialista, y es que, a final de cuentas, la ley está diseñada por la misma clase dominante en el Poder, en este caso, la propia burguesía. La clase dominante nunca se va a poder dar el lujo de perder en su propio juego, nunca va a ir en contra de sus intereses ella misma, con sus propias leyes, tribunales y jueces. Tarde o temprano, va a fallar a favor de ella misma y va a dar continuidad a la construcción del Tren, porque el Tren en sí y todo el desarrollo capitalista que significa es lo que necesitan los monopolios nacionales e internacionales. Con ello no queremos decir que ese sea un frente de lucha que deba abandonarse, únicamente hemos de situarlo en la dimensión que le corresponde, como un mecanismo para ganar tiempo frente al Estado.
Entre tanto, las diferentes organizaciones, agrupaciones, colectivos e individuos que, desde una posición anticapitalista decidimos enfrentar a éste y todos los demás megaproyectos del capital, sea del gobierno que sea, sea del partido burgués que sea, debemos avanzar en la vinculación entre nosotros, estrechar lazos en esta lucha en la que coincidimos, no permitir que el Estado, ya sea desde su discurso o desde la fuerza, nos vaya aniquilando poco a poco, uno a uno. Y para ello debemos también entender cuál es la relación que guarda el gobierno de la 4T con el Estado como instrumento de represión de la burguesía contra los trabajadores y sectores populares, entender cómo es que la democracia actual solo beneficia a los ricos.
Cuando verdaderamente se pueda hablar de una democracia, como la voluntad de una mayoría del pueblo sobre una minoría de explotadores, es porque se habrá destruido el actual Estado y se comenzará a construir uno nuevo, donde habrá pleno control de la clase trabajadora y los sectores populares sobre cómo producir y desarrollar la economía, cuando sean los pueblos y comunidades indígenas quienes decidan, de forma consciente e informada, cual es el desarrollo que quieren sin imposiciones, respetando sus formas de vida y su entorno, cuando los proyectos que se planifiquen sean para el beneficio de la población trabajadora y no para aumentar las ganancias de los empresarios. Pero para ello, primero debemos avanzar en cuanto a los medios para lograrlo, en cómo acabar con el actual Estado y, para ello, hace falta mucha organización.
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