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La liberación de los 4 detenidos por el caso José Eduardo

Por Simón May


Antes de que se diera a conocer el arresto de los señalados como responsables por la tortura, abuso sexual y asesinato del joven José Eduardo Ravelo, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, subió un vídeo en el que lo primero que hace es “lamentar” este hecho y, seguidamente, señalarlo como un caso que se dio “en extrañas circunstancias”, y que la de José Eduardo es una pérdida irreparable para la sociedad, por lo que se buscaría “claridad y justicia” en el caso para darle consuelo a su familia.


A pesar de ello, y en contraste con lo anterior, se presenta la realidad: los policías implicados en el caso de José Eduardo ya fueron liberados. El juez de control Antonio Bonilla consideró que los datos de prueba entregados por la Fiscalía General del Estado de Yucatán en general no son suficientes y dictó un auto de no vinculación de los imputados a proceso y la libertad inmediata de éstos. Todo esto a pesar de que, después del hecho, José Eduardo haya presentado en la Fiscalía una descripción exacta de los elementos policiales municipales que lo atacaron.


Aunque se anunció la detención de los 4 elementos de la Policía implicados, se podía percibir la duda de que si esta detención realmente respondía al seguimiento de alguna pista certera o una probabilidad real basada en hechos que apuntará a que estos mismos 4 elementos fueron los responsables de la tortura y abuso sexual del joven, o si esto era más bien una respuesta a las protestas realizadas por la población mostrando su repudio hacia este lamentable caso.


Tras la liberación de estos elementos, y aun cuando el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, según el manejar completo de este caso desde el inicio da cabida a que uno se pueda preguntar si esto no sólo ayuda a desviar la atención lejos de la policía municipal. Con la captura de esos 4 elementos se podía alegar que ya se estaba dando respuesta eficiente al caso siguiendo la ley e intentando hacer que funcione, como modo de apaciguar a la gente, para que después, pasados unos días, se les deje en libertad para proceder a intentar dirigir la búsqueda fuera de los elementos policiacos.


Aun cuando no se menciona que haya otras pruebas que indiquen algún responsable, se desacredita y se señalan inconsistencias en la declaración del joven donde menciona la vestimenta de sus agresores. También se omite si esas declaraciones se identifican con alguna otra corporación policial que corresponda a tal descripción. En su lugar, las autoridades dicen que se tiene que ampliar la recolección de todos los datos de prueba no recopilados y seguir otras líneas de investigación.


Esto respondería a los constantes intentos de los gobiernos yucatecos, tanto municipales como estatales, de no manchar y mantener limpia la imagen de sus respectivas policías, tratando de dejar de nombrarla en casos de abuso policiaco lo más rápido posible. Cada vez se vuelve más evidente que la salida para el abuso policiaco siempre será culpar a la víctima del maltrato que sufre con tal de cuidar la imagen de Mérida como “ciudad tranquila”.


Finalmente, para la resolución de este caso de abuso policiaco se demuestra que una intención expresada en palabras nunca será suficiente. Mientras la Policía este comedida con el gobierno nunca responderá a los intereses de la clase trabajadora, la cual es la más vulnerable.


Y es que tan sólo días después de la detención de los 4 elementos policiales el alcalde se encargó de contribuir a la difamación alimentando la versión de que José Eduardo estaba cometiendo “vandalismo” y “alterando el orden público”, apoyándose en supuestos videos difundidos, señalándolos como motivo por el que fue detenido. Sin embargo, la madre de José Eduardo, Dora María Ravelo, afirma, después de ver los vídeos, que el que aparece en ellos no es su hijo.


Parece ser que esto fue con la intención final de desviar la mirada pública y evadir la obligación del Estado de investigar y sancionar. Sin embargo, paralelamente con el vídeo donde se intenta minimizar la importancia de la resolución del caso del joven, en las últimas horas ha salido a la luz un vídeo donde se muestra a los policías ejerciendo abuso de poder contra José Eduardo[1], lo que debiera ser suficiente para exigir la renuncia del jefe de la policía.



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