La Reforma a la Ley de Expropiación en Campeche: ¿justicia social o despojo institucionalizado?

Por: Luna Grajales.

El día de ayer, 2 de septiembre, en el Congreso del Estado de Campeche se aprobó, con 18 votos a favor y 13 en contra, la Reforma a la Ley de Expropiación. Bajo el discurso de la “utilidad pública” y de un supuesto ataque a la propiedad mal habida de un sector de la burguesía contraria a la 4T, la socialdemocracia abre las puertas al despojo institucionalizado, donde el Estado se erige como dueño absoluto del patrimonio construido por las familias trabajadoras a lo largo de décadas de esfuerzo, así como de campesinos y ejidatarios. En otras palabras, en la práctica se asegura la legalidad del despojo del pueblo.

No es casualidad que esta reforma haya sido enviada de manera exprés por la gobernadora Layda Sansores, discutida en un día y aprobada al siguiente. ¿Cuál es la prisa? La prisa es clara: blindar los intereses del poder político y económico de la burguesía sobre la tierra.

Lo más indignante son los criterios que plantea la ley. Según su artículo 44, el valor de la propiedad será fijado con base en la última transacción comercial. Es decir, si alguien compró su terreno hace 20 o 30 años por unos cuantos pesos, ese será el precio que el gobierno tomará como base. Se invisibiliza completamente la deflactación, las mejoras hechas con esfuerzo, y la realidad económica actual. Lo que aquí se refleja es la lógica de un Estado que reduce el valor humano y social de la vivienda al frío cálculo burocrático.

El artículo 44 bis profundiza la injusticia: el avalúo será realizado por la Secretaría de Finanzas o por un valuador designado por ellos mismos. En otras palabras, los propietarios no tendrán voz ni voto sobre el verdadero valor de sus bienes. La autonomía queda anulada y la imposición se convierte en norma.

Y como si no fuera suficiente, se establece que el pago podrá realizarse en un plazo de hasta diez años, sin intereses. Esto es insultante: no solo se le arrebatará al pueblo su patrimonio al precio que ellos deciden, sino que además lo hacen en abonos, prolongando la incertidumbre y condenando a las familias a vivir una década sin estabilidad ni seguridad económica.

Bajo el discurso de la Cuarta Transformación y de un supuesto gobierno “justo y sensible”, lo que realmente se ha aprobado es un mecanismo de despojo que fortalece al Estado mientras debilita a los ciudadanos, con la retórica demagógica de supuesto combate al “enriquecimiento desmedido”, aun cuando quienes también se han enriquecido de manera exorbitante desde la llegada de Morena al gobierno son personajes impresentables como Gerardo Fernández Noroña, la propia Layda Sansores y todo el sector de la burguesía representada por la 4T. Lejos de representar un avance, esta ley es un retroceso histórico, pues convierte la propiedad del pueblo en un botín fácil de administrar según los intereses políticos y económicos de la burguesía del momento.

Hoy Campeche amanece con una ley que no defiende a su gente, sino que la vulnera. Morena y sus aliados han demostrado que su proyecto no es la justicia social, sino la consolidación de un poder que se alimenta del miedo y de la incertidumbre, tal como lo hicieron previamente los gobiernos de otros partidos de la burguesía. La propiedad de los campechanos, fruto de generaciones de trabajo, queda ahora expuesta al arbitrio de quienes gobiernan.

No es, pues, extraño que la noticia de la Reforma genere rabia, desconfianza y, sobre todo, una sensación de traición hacia el pueblo. Pero el pueblo no olvida. Los nombres de quienes votaron a favor de esta reforma quedarán grabados en la memoria colectiva como los responsables de entregar Campeche al despojo legalizado. Tampoco, por eso, debemos generar confianza en quienes, de manera hipócrita, votaron en contra, pues de haber sido ellos quienes tuvieran las riendas de la administración del Estado burgués, hubieran votado a favor, pues la Reforma beneficiaría sus intereses.

Nosotros, como pueblo trabajador, debemos recordar que la tierra, las casas y los espacios no son simples mercancías: son la vida misma, el refugio de las familias proletarias y la raíz de nuestra historia. Por tanto, la verdadera utilidad pública no está en fortalecer al Estado burgués, sino en garantizar justicia, seguridad y dignidad para todos los campechanos. Y esta ley, lejos de hacerlo, nos deja en la intemperie ante el voraz despojo capitalista.

Los nombres de quienes votaron a favor de la Reforma. No obstante, quienes votaron en contra también son enemigos del pueblo trabajador en tanto representantes de la burguesía.