La Unidad de Medida y Actualización: un atraco para la clase trabajadora

Por: Lucía Roble.

Como continuación de las medidas de la gestión neoliberal del capitalismo, orientadas a reducir los ingresos y la seguridad social de la clase trabajadora del país, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se desindexó el salario mínimo, dejando de ser un referente para los créditos hipotecarios. Posteriormente, en 2017, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA), argumentando que serviría para favorecer a los trabajadores en el pago de créditos hipotecarios, multas e impuestos.

En sus inicios no existía una diferencia significativa entre el salario mínimo y la UMA: la variación era de apenas dos o tres pesos entre ambos referentes. Sin embargo, con el inicio del gobierno de López Obrador en 2018, el salario mínimo experimentó un incremento sostenido y significativo año con año, generándose hasta la fecha una brecha cada vez más amplia entre ambos indicadores.

Una de las principales afectaciones para los trabajadores fue que comenzó a establecerse el tope de las pensiones en UMAs y no en salarios mínimos, como lo establecen las leyes de seguridad social. Ante esta situación, los trabajadores interpusieron amparos para que el Estado respetara el marco legal vigente. No obstante, estos recursos legales arrojaron resultados contradictorios: en algunos casos se falló a favor del trabajador y en otros a favor del patrón.

Finalmente, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó una injusticia al determinar que el tope de pensión para quienes cotizan al ISSSTE sería de 10 UMAs y no en salarios mínimos, lo que representa una disminución drástica de los ingresos al momento de la jubilación. Se consagró así como legal una medida que es, en esencia, ilegal y profundamente injusta.

Por supuesto, los trabajadores somos conscientes de este atropello y desde entonces hemos iniciado una lucha organizada en contra de esta imposición. Que esta decisión se haya tomado durante el gobierno de López Obrador demuestra que se trata del mismo sistema capitalista con un rostro distinto. A pesar de ello, muchos trabajadores continúan hipnotizados por la idea de una transformación que nunca llega, excepto para profundizar la precarización laboral, la inestabilidad en el empleo, los recortes a la seguridad social y la reducción constante de las pensiones.

Es fundamental comprender que solo mediante la unidad y la organización en una lucha común, los trabajadores de todos los sectores podremos recuperar los derechos laborales que nos han sido arrebatados. Por ello, una de las demandas centrales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con el objetivo de recuperar el derecho a una jubilación solidaria calculada en salarios mínimos.

¡Ni UMA ni AFORE, sistema solidario de pensiones!

¡Unidos y organizados venceremos!