Por: Lorena Rosel.
El fin último del capitalismo es continuar la explotación del trabajador para que la burguesía y los monopolios obtengan mayores beneficios del trabajo que realizamos. La eterna lucha de clases. A pesar de los arrancados con la lucha a la burguesía, muchas veces con la vida de grandes luchadores sociales, los logros adquiridos no se mantienen y es una pugna permanente para darnos cada vez menos a los que generamos la riqueza.
Desde los años 70 del siglo pasado empezó a fraguarse un plan entre la burguesía de varios países, incluido México, para aumentar sus riquezas con mano de obra barata, mayor carga de trabajo y por supuesto menores prestaciones para el trabajador. En el plano internacional se propagó la idea del nuevo liberalismo, encabezado por el Reino Unido y los Estados Unidos, cuyo discurso hablaba de la necesidad de un modelo económico-político internacional fundamentado en el “libre mercado”[1] y la “disminución del poder del Estado” en la toma de decisiones.[2]
Todo esto coincidió con el inicio del repliegue de las fuerzas revolucionarias en todo el mundo, producto del debilitamiento del campo socialista, que finalmente sufrió una derrota temporal a manos de la contrarrevolución a principios de los años 90. Este cambio en la correlación de fuerzas en el plano internacional fue lo que permitió al capitalismo reagruparse y llevar a cabo de manera amplísima diversas políticas de choque contra la clase obrera en todo el mundo. En otras palabras, el surgimiento del llamado “neoliberalismo” está relacionado con la pérdida temporal de la clase obrera de su destacamento internacional, de su base de apoyo que había contenido a las fuerzas de la burguesía durante décadas, es decir, el campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Por lo tanto, el llamado “neoliberalismo” no es una nueva fase del capitalismo, sino que es una forma de gestionar el mismo en determinado momento histórico.
Prueba de ese ímpetu de la burguesía a raíz del derrocamiento temporal del socialismo lo podemos ubicar en México, pues el establecimiento de las medidas de tipo “neoliberal” las podemos hallar en la recomendación de Organizaciones Internacionales que se legitimaron con la idea de cooperación para incluir nuevos actores en la toma de decisiones del Estado, son el supuesto fin de “evitar los excesos políticos anclados al modelo de Industrialización”. No obstante, el resultado no fue el esperado, los beneficiarios directos de este proceso fueron los representantes de la burguesía en el Estado, fortaleciendo así el fenómeno descrito por Lenin sobre que los funcionarios se convierten en elementos de la sociedad privilegiados en tanto órganos del Poder del Estado.[3] Si bien es un fenómeno inherente a la existencia del capitalismo, fue en este periodo cuando más se hizo común ver cómo diversos funcionarios se enriquecieron enormemente.
Las políticas “neoliberales” tuvieron su máxima expresión en nuestro país bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, dichas políticas no han sido revertidas durante los diferentes gobiernos que han existido desde entonces, ni siquiera bajo el actual gobierno socialdemócrata, sino que, por el contrario, se han profundizado. Podemos ilustrar lo anterior con los siguientes ejemplos:
1.- La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que ha sido reformulado y actualizado en 2019 bajo el nombre de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Es un acuerdo interimperialista que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México, posicionando a nuestro país como un “socio comercial fundamental” para nuestros vecinos del norte, y como una plataforma de exportación a los mercados mundiales. Como consecuencia, este tratado significó para la clase obrera de los tres países una mayor precarización del empleo, reducción del salario, aumento del empleo informal y sub-empleo, sin prestaciones laborales y sin responsabilidad del Estado para proporcionar seguridad social a los trabajadores. Con su actualización, nuevas cláusulas lesivas para nuestra clase han sido añadidas, como la capacidad de intromisión de los Estados en los conflictos obrero-patronales en favor de la clase dominante.
2.- Posteriormente, en el 2006 la ley del ISSSTE y del IMSS sufrieron modificaciones afectando la seguridad social de los trabajadores afiliados, sobre todo en las jubilaciones y pensiones, estableciéndose el artículo Décimo Transitorio para los afiliados más antiguos, pero creando para los de nuevo ingreso las AFORES o cuentas individuales, negándole a muchos la oportunidad de tener un retiro más o menos justo después de haber cotizado por más de 30 años de servicio. El objetivo fue privatizar la seguridad social, que pasa a un sistema de ahorro individual manejado por la banca privada (AFORE), quienes se han enriquecido con las aportaciones del trabajador y a quienes les dan solo un porcentaje de lo ahorrado al jubilarse. Entre los puntos más significativos de la reforma de la Ley del ISSSTE se establecen: el aumento de la edad y los años de servicio (cotizar más años), incremento de las cargas de trabajo, alza en el pago de cotizaciones, etc.
3.- Las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto tienen su origen en la estrategia que introduce el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) ante la crisis económica que enfrentaban diversos países por el endeudamiento con estos organismos. Son medidas que modifican el tejido de una economía, es decir, el marco institucional y regulatorio en el que operan las empresas y los particulares. Son reformas que en el discurso oficial pretenden el libre mercado, la competencia económica, el combate a los monopolios y la promoción de la inversión nacional y extranjera pero que en los hechos persiguen otros objetivos velados que comprometen los Derechos de los trabajadores, como las modificaciones a la Reforma Laboral y la Educativa.
4.- La Reforma Educativa del sexenio de Peña Nieto, a todas luces laboral, continua vigente a pesar de las promesas de abrogación de López Obrador. Eliminando únicamente la evaluación de Desempeño obligatoria que atentaba contra la estabilidad laboral del magisterio pero permanece el Sistema de promoción horizontal y vertical (USICAMM), liberando al Estado de proporcionar un salario justo a todos por realizar el mismo trabajo y con una perversidad que muy pocos comprenden, compiten por mejoras salariales que no van a su sueldo base, lo que implica que después de 30 años de servicio y estar participando en dicho programa, cuando se jubilen, su pensión será con el sueldo de la plaza inicial, nadie llegara al tope establecido, peor aún, ni siquiera tendrán jubilaciones ya que con la actual Ley del ISSSTE son cuentas individuales o AFORES con rendimientos paupérrimos para el trabajador y millonarios para los que administran su ahorro.
5.- Continuando con este proceso orquestado, en diciembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa para la desindexación del salario mínimo. Desindexar o desindexación, se refiere en el ámbito de la economía, al hecho de desvincular una variable del índice de actualización al que hasta entonces estaba ligado. En teoría, con la desindexación del salario mínimo se busca moderar los precios para que los precios de los productos no suban por las variantes del salario mínimo sino por los costos de producción de los bienes y servicios. Aparentemente la razón principal para promover la desindexación del salario mínimo fue que este no sea referente de los incrementos del saldo de los créditos otorgados a los trabajadores para la adquisición de vivienda por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y de otras instituciones del Estado, ya que los incrementos al salario mínimo hubieran hecho estos créditos impagables para los trabajadores. Sin embargo, es importante señalar que desde entonces, los aumentos salariales anuales de algunos sectores de trabajadores, por ejemplo el educativo, dejaron de ser en el mismo porcentaje de incremento del salario mínimo ocasionando un decremento paulatino de lo que percibe, por ejemplo si su sueldo equivalía a 8 salarios mínimos mensuales, actualmente equivale a 6 y medio y continuará disminuyendo.
6.- Derivado de la reforma constitucional sobre la desindexación del salario mínimo ocurrida a principios de 2016, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que, en principio, se debe aplicar en sustitución del salario mínimo como referencia creada para determinar el pago de obligaciones a cargo de los ciudadanos. Se supone que se creó para que el trabajador pague menos en impuestos, créditos hipotecarios y multas, no para determinar incrementos salariales ni topes para pensión, como lo que finalmente ha ocurrido. En el momento de su creación había una diferencia de 3 a 5 pesos entre cada medida (UMA y SM). Diferencia que se ha hecho significativa con los incrementos al salario mínimo realizados desde el 2019, quedando el valor de la UMA rezagada en comparación a este. Sin embargo, desde esa fecha ha sido injustamente aplicada para el tope de pensiones de trabajadores del ISSSTE y para determinar incrementos salariales de activos y pensionados, causando una precarización salarial y pérdida del poder adquisitivo cada vez mayor, haciendo legal esta ilegalidad con la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación el 17 de enero de 2021. Peor aún, está ilegalidad la quieren generalizar a los institutos de seguridad social estatales, por ejemplo, reformando la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado Yucatán (ISSTEY).
A pesar de las promesas de campaña de López Obrador, que se ofreció a revertir muchas de estas políticas de choque, su falta de respuesta en contra de estas resoluciones que atropellan los Derechos de los trabajadores y su indiferencia para revertir la situación demuestran que, sin importar la forma de gestionar el capitalismo, llámese neoliberalismo, keynesianismo, neokeynesianismo, Estado de bienestar, etc., este es un modo de producción contrario a los intereses y derechos de la clase trabajadora en su conjunto. La ratificación de un tratado interimperialista como el TLCAN, ahora sustituido por el T-MEC es una clara prueba de que esto último.
El proceso anteriormente expuesto, ha agudizado la explotación del trabajador, la precarización salarial, la pérdida del poder adquisitivo, la estabilidad laboral, el desempleo, ha aumentado los despidos injustificados y la represión del Estado. Ante los constantes atentados contra nuestros intereses como clase, todos los trabajadores del país necesitamos estar unidos y organizados para hacer recuperar lo ya perdido luego de décadas de lucha y arrancarle más derechos a la patronal que aseguren una mínima estabilidad laboral, salarios que cubran nuestras necesidades, jubilación para todos, vivienda digna y un sistema de salud de calidad, lo mínimo indispensable para tener la seguridad social que debe garantizar el Estado y no caer en promesas de una supuesta transformación que nunca se vuelve realidad, pues es de naturaleza burguesa.
¡Basta ya de tanta injusticia! La clase trabajadora unida y organizada vencerá y destruirá esta sociedad capitalista y construirá en su lugar un Poder obrero y popular.
[1] Lo cual es una ilusión, porque en la fase última del capitalismo, el imperialismo, no puede existir un “libre mercado”, pues toda la producción y distribución capitalista está sometida a los intereses de la oligarquía financiera. El capitalismo de la libre concurrencia desde hace mucho que ha dejado de existir.
[2] Esto también es una ilusión o, mejor dicho, un discurso falaz por parte de la burguesía, porque la misma recurre al Estado como maquinaria especial de represión para la defensa de sus intereses. Aunque en el discurso busque “limitar al Estado”, todos los días y en todo momento hace uso del Estado para su propia defensa. El discurso de “limitar al Estado” la burguesía lo ha utilizado para su propaganda anticomunista, pues equipara cualquier Estado, incluido el Estado proletario, como sinónimo de despotismo.
[3] Lenin. El Estado y la revolución. Capítulo 1.3. “El Estado, instrumento de explotación de la clase oprimida”. Editorial Progreso. Moscú, 1970. pp. 11-15.
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