Por Chak Saastal
Desde hace algunos meses el Gobierno Federal ha insistido en el regreso a clases. Conforme avanzó el tiempo la insistencia aumento y el 4 de mayo del 2021 Campeche fue el primer estado en regresar a las aulas en 137 escuelas que formaron parte del Plan de Reactivación Escalonada Mixta para el regreso a clases. Estas escuelas fueron cerradas paulatinamente tras detectarse casos de COVID-19 y el 24 de mayo, 20 días después de haber abierto las clases presenciales fueron canceladas.
A pesar de este ensayo fallido el presidente Andrés Manuel López Obrador no quitó el dedo del renglón y dijo que “Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados”. Dejando en evidencia que el regreso a clases es inminente.
Ante las críticas, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han insistido en que el regreso a clases no será obligatorio y que debido a las características del modelo híbrido, es posible mantener la educación a distancia. Pero la realidad es algo diferente.
En diversas escuelas de la ciudad de Mérida se han realizado juntas entre padres, madres y tutores y docentes para que los primeros puedan decidir sobre la modalidad a través de la cual su hijo o hija recibirá la educación. Las opciones son, presencial, en la cual las y los estudiantes asisten a la escuela y la semipresencial en la cual las y los estudiantes no asisten a la escuela pero en dónde las madres, padres y/o tutores tienen que ir por las tareas en los horarios que los docentes imparten sus materias y de la misma forma ir a entregarlas.
La primera opción permite que las y los estudiantes asistan solos, a espacios cerrados y concurridos los cuales, mencionan, cubrirán todas las medidas protocolarias para la reducción de riesgo por contagio ¿Cómo pueden hacer esto las escuelas que desde hace años han denunciado estar en malas condiciones? ¿Quién va a costear los gastos de las medidas de seguridad, los padres y madres o las y los trabajadores de la educación?
La segunda opción, en realidad no es una opción, es en realidad una simulación para que el regreso a clases sea completo ¿Qué padre, madre o tutor va a poder asistir al inicio de cada módulo a buscar y entregar tareas? Es imposible cuando se tiene que trabajar, cuando se cumple con horarios. Sabemos que a la patronal no le importan estos conflictos escolares, sólo le importa que las y los trabajadores estén produciendo.
Con estas opciones el Estado transfiere la responsabilidad del cumplimiento de los derechos a la educación y a la salud de las niñas, niños y adolescentes. Si va a la escuela y se contagia, es responsabilidad de su familia. Si por no querer que se contagie pierde el año, es responsabilidad de su familia ¿Dónde está entonces la obligación constitucional que tiene el estado de velar por nuestros derechos, sobre todo bajo el principio del interés superior de la niñez?
Hay que recalcar que la vacuna a menores no se encuentra dentro del plan de vacunación en México, pero recientemente se anunció que la vacuna Pfizer, la única aprobada para suministrarse en menores de 18 años, estará próximamente a la venta.
Al estado y a la patronal no le interesa la vida de los hijos y las hijas de la clase trabajadora. Pero nosotros somos más y organizados podemos hacer que el estado asegure el derecho a la salud y a la educación de nuestras hijas e hijos.
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