Por Roberto Grajales
El 13 de agosto del 2009 el poblado San Antonio Ebulá fue violentamente arrasado con maquinaria pesada por órdenes del dueño de la Constructora Escalante S.A de C.V, Eduardo Escalante Escalante.
En el desalojo participaron más de 100 personas dirigidas por Gilberto Farfán Talango, exdirector de Seguridad Pública del Estado de Campeche (1991-1997) y propietario de la empresa de seguridad privada Servicios Especiales de Vigilancia, Investigación Privada, Limpieza, Edecanes y Radiocomunicación, SA de CV (SERVILEC), quien un año antes fue detenido en el 2008 por defraudación fiscal. Todo esto con la protección de un operativo de la Policía Estatal Preventiva ejecutado por el comandante Samuel Salgado Serrano.
Estos hechos significaron la cúspide de un conflicto que inició en 1968 con la llegada de campesinos mayas al territorio en donde alguna vez se encontró la hacienda Ebulá a 5 kilómetros de la ciudad de Campeche.
Los campesinos solicitaron la dotación de tierras para horticultura a finales de los sesenta y ocuparon de manera pública y pacífica el predio en cuestión, siguiendo así el procedimiento que hasta ese momento era común para la dotación de tierras por parte de la Reforma Agraria.
Los campesinos y sus familias se asentaron en el predio, levantaron sus viviendas, iglesias, su Centro de Salud y una escuela multigrado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
En 1989 Luis Bernardo Fosadas Frías, se presentó como propietario del predio y demandó penalmente a varios pobladores. Sin embargo, el juez falló a favor de las y los pobladores, puesto que el documento presentado por Fosadas Frías correspondía al predio denominado “La Victoria” hoy llamado “La Herradura”.
El fallo a favor de las y los pobladores de Ebulá contra Fosadas Frías deja ver que en ese momento no existen intereses económicos en el predio. A principios de los noventa el Instituto Federal Electoral expidió credenciales de elector a las y los pobladores de Ebulá con direcciones de dicha localidad. Se presumía que la mayoría de las tierras ocupadas eran de propiedad nacional. En ese momento, con la entrega de credenciales y servicios públicos, el estado reconocía de facto la existencia del pueblo y por lo tanto la posesión de la tierra para cultivo y asentamiento humano.
El 31 de marzo del 1999 el Periódico Oficial del Estado de Campeche publicaba el deslinde de tierras de San Antonio Ebulá[1], ordenando también que la información se publicara tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el periódico tribuna, para que quién pudiera sentirse afectado en su derecho tuviera la posibilidad de reclamar dicho predio presentando los documentos que fundamentaran su propiedad. El 4 de mayo del mismo año, publicaría el deslinde el Diario Oficial de la Federación[2]. Tras los 30 días hábiles que se marcaron en dicho deslinde, no apareció ningún propietario, por lo que ya había fundamento para que los campesinos de San Antonio Ebulá recibieran la dotación de las 596 hectáreas del predio solicitado. No fue sino hasta 3 años después, en el 2002 que se presentó Eduardo Escalante Escalante y reclamó el predio como suyo.
Eduardo Escalante Escalante además de ser empresario de la construcción, es padre de Gabriel Escalante Castillo y Ana Martha Escalante Castillo, quienes son miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que han tenido diferentes cargos públicos. Es padre también de María Angélica Escalante Castillo quién fuera esposa del panista y Secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño. Es decir, que sus relaciones políticas en la entidad son en ese año muy fuertes.
Entre el 2002 y el 2009, año que se dio el desalojó de las y los pobladores de Ebulá, las empresas de la familia Escalante tuvieron 65 contratos, de estos 5 por adjudicación directa, 1 por invitación a por lo menos 3 y 59 más por licitación pública. Entre las empresas que figuran son Construcciones y Materiales Peninsulares S.A. de C.V. y Constructora Escalante S.A. de C.V. propiedad de Eduardo Escalante y sus hijos Javier y Carlos Daniel Escalante Castillo[3] y el Grupo Constructor Patterson S.A de C.V. de Jaime Patterson Cifrián, esposo de Ana Martha Escalante Castillo.
Con estos contratos la familia Escalante se llevó un total de $1,578 383 529.21 en los 7 años mencionados.
Además de las empresas constructoras, los Escalante son propietarios de 4 plantas trituradoras de agregados pétreos de dónde obtienen la materia prima para la construcción. Tres de estas plantas son propiedad de Construcciones y Materiales Peninsulares S.A. de C.V., estas se encuentran en Champotón, Escárcega y en la ciudad de Campeche y una más propiedad de la empresa Duracal de Campeche también de los Escalante que se encuentra en la ciudad de Campeche. Estas plantas en conjunto trituran en promedio 2100 metros cúbicos de agregados pétreos al día. Cabe mencionar que las plantas trituradoras ubicadas en el municipio de Campeche, se encuentran a las afueras de la ciudad, cerca del territorio de San Antonio Ebulá.
¿Cuál es el interés de Eduardo Escalante en San Antonio Ebulá? Los cerros que se encuentran en los límites del poblado por supuesto.
A diferencia de Fosadas Frías, Eduardo Escalante utilizó la intimidación para acreditarse la propiedad del predio. Desde el 2002 los pobladores habían notificado que Escalante quemaba cultivos y mataba animales de ganadería en el poblado. Los pobladores relatan que en una ocasión destruyó la bomba de agua, la cual arrojó al pozo que tenía la leyenda “Este pozo fue construido con los recursos del pueblo y no del gobierno”.
En el 2007 la violencia de Escalante se intensificó y en marzo de ese año entró con maquinaria de la constructora y destruyó 10 viviendas, la tienda comunitaria y la escuela Niños Héroes del CONAFE. Posterior a este atentado Carlos Daniel Escalante ofreció reubicar a las y los pobladores a un kilómetro de dónde originalmente estaban asentados. Si bien algunos pobladores aceptaron la reubicación, estos regresaron a sus predios originales tras darse cuenta que el punto de reubicación era una aguada, la cual durante la temporada de lluvias se mantenía llena. No está de más decir, que durante ese año el yerno de Eduardo Escalante, Juan Camilo Mouriño Terrazo, era jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
En este periodo la lideresa priista Guadalupe Beltrán Acosta acompañaba a las y los pobladores de Ebulá en las gestiones para la solicitud de dotación de tierras, apareciendo incluso como representante de la solicitud en el Periódico Oficial del Estado de Campeche y el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, las y los pobladores aseguran que a partir de las incursiones de Escalante, Beltrán Acosta vendió “su parte” a Escalante Castillo a pesar de no existir documentos. Para el 2007 la lideresa se encontraba ocupando un predio en los límites de la ciudad, a un costado del fraccionamiento Ciudad Concordia el cual hoy se conoce como la colonia 20 de noviembre.
Tras la destrucción de la escuela, la segunda generación de Ebuleños, que ya tenían hijos e hijas salieron a la ciudad, ahí Beltrán Acosta ofreció lotes en la ocupación de la colonia 20 de noviembre. De esta forma la población de Ebulá se redujo quedando principalmente la primera generación, que son en su mayoría campesinos quienes siguieron cultivando la tierra. Esto dio a Ebulá un aire de pueblo fantasma. Esto no debe tomarse como una coincidencia, pues tanto Beltrán Acosta, como los Escalante formaban parte del mismo partido.
Debido a la cercanía con la ciudad y a la poca productividad agrícola, que en su mayoría era para autoconsumo, muchos pobladores optaron por vender su fuerza de trabajo en la ciudad de Campeche. Las actividades del campo se redujeron, por lo que la vida del pueblo se limitó al área de asentamiento humano y en temporada de siembra se extendía a algunas milpas de no más de una hectárea.
Para el 2009, la población de Ebulá era mayormente de adultos mayores campesinos. Entre semana eran estos quienes se encontraban en el pueblo, y los fines de semana las familias que trabajaban en la ciudad llegaban a la comunidad.
En mayo de este año, Eduardo Escalante entró con maquinaria pesada y destruyó 6 viviendas y un templo. En esta ocasión los pobladores detuvieron el tractor y echaron a sus conductores del pueblo. Minutos más tarde entró la Policía Estatal Preventiva en un “operativo” en el que se detuvo a 6 adultos mayores y un joven a quienes trasladaron al CERESO de San Francisco Kobén acusados de secuestro.
Los testigos de las detenciones aseguran que la PEP entró en camionetas de la constructora Escalante y en estas trasladaron a los detenidos hasta la carretera a Mérida en dónde los pasaron a camionetas de la Policía y transportaron al CERESO.
La detención provocó la movilización de las y los pobladores que en conjunto con las y los jóvenes comunistas instalaron un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche. A la par brigadas informaban a la población con mítines, volanteos y actividades musicales en diferentes puntos de la ciudad.
La solidaridad se hizo presente y las personas empezaron a acercarse al plantón de Ebulá, organizaciones civiles y religiosas comenzaron a llevar víveres a los pobladores y las exigencias se generalizaron. La Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria y colectivos adherentes a la otra campaña reforzaron el plantón y realizaron marchas masivas exigiendo la liberación de los presos, la cual se dio 10 días después de iniciado el plantón.
Periodo de organización
Tras la liberación de los presos el 10 de junio del 2009 los jóvenes comunistas y pobladores de Ebulá iniciaron la reconstrucción de las casas destruidas. Esto dio paso a la organización. Las asambleas comunitarias empezaron a resolver problemas entre los cuales figuraban los que habían dado pie a que las y los pobladores se mudaran a la ciudad.
La reconstrucción de la escuela fue un punto fundamental, pues se buscaba la gestión para el regreso del CONAFE y los niños y niñas tuvieran un lugar para estudiar en el pueblo. Se sembró una milpa comunitaria, se instaló una guardia comunitaria y se organizó el Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá (FDT-PE) y con esto se buscaba fortalecer la solicitud de dotación de tierras con la lucha popular.
En conjunto con la Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria se hizo un plan para electrificar el pueblo, pues a pesar de su cercanía con la ciudad no tenían acceso a este servicio.
El 5 el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito había otorgado un amparo que había sido promovido por la comunidad en el 2008, estableciendo lineamientos para las autoridades agrarias, pues al criterio dicho cuerpo se habían omitido diversas pruebas y actuaciones que habían perjudicado a la comunidad.
Con el proceso organizativo las pobladoras y pobladores empezaron a quedarse en el pueblo, pues la organización les dio seguridad. El FDT-PE empezó a vincularse con otras organizaciones que luchaban por la tierra principalmente al sur del estado.
Por otro lado, tras las elecciones del 5 de julio, Ana Martha Escalante había sido electa diputada local por el quinto distrito de Campeche. Juan Camilo Mouriño Terrazo era ya Secretario de Gobernación de México y las empresas constructoras de Escalante tenían contratos que en su conjunto ascendían a 243 millones de pesos.
La correlación de fuerzas podía medirse de la siguiente manera: por una parte los campesinos y obreros de San Antonio Ebula se encontraban organizados y vinculados con otras organizaciones, contaban con la solidaridad de la población de la ciudad de Campeche y de comunidades al interior del estado, la Juventud Comunista trabajaba hombro a hombro con ellos y legalmente contaban con un recurso jurídico que se las había otorgado en un momento en el que su lucha era abrazada por la clase trabajadora de Campeche y otros estados de México.
En la contra parte, los Escalante tenían piezas importantes en el estado, lo que les aseguraba impunidad ante el uso de la fuerza y por supuesto, con la posibilidad de utilizar las fuerzas del estado para conseguir sus fines, cosa que ya había hecho en otro momento.
La represión
Campeche había entrado en un proceso de transición del gobierno estatal, que iniciaba el 6 de julio y concluía el 15 de septiembre con la toma de posesión del gobernador electo Fernando Ortega Bernés.
Iniciado el periodo de transición del gobierno estatal en el pueblo empezaron a escucharse rumores de que Eduardo Escalante estaba reclutando gente a través de los hijos de Guadalupe Beltrán Acosta para desalojar el pueblo. Escalante ya no pensaba entrar de nuevo con poca gente. A diferencia de las ocasiones anteriores Escalante se topaba ahora con una organización sólida y decidida a la defensa de su territorio.
El 10 de julio la Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria sufrió una brutal represión en la que detuvieron a 5 integrantes de la dirigencia y giraron 34 órdenes de aprehensión contra representantes de la Resistencia en las comunidades de Candelaria y Escárcega. Este golpe al principal aliado del FDT-PE hizo que en inmediato se instalara una guardia permanente a la entrada del pueblo.
Las detenciones en Candelaria cumplieron su objetivo y muchos de los integrantes de la Resistencia Civil se dispersaron ante el temor de los operativos constantes de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, esto quitó del tablero la posibilidad de apoyo físico de la Resistencia ante un desalojo en Ebulá.
El 13 de agosto alrededor de las 5:30 horas Escalante descargó 2 tractores en la entrada del pueblo en la carretera Campeche-Mérida. El camino al pueblo era de aproximadamente 3 kilómetros. Pobladores que salían a trabajar a la ciudad vieron el descargue y regresaron al pueblo a avisar.
Los jóvenes comunistas y el FDT-PE ya tenían un plan de defensa, sin embargo existía una gran diferencia numérica. De la constructora Escalante entraban por lo menos 100 personas uniformadas de naranja y amarillo. Estas personas se encontraban armadas con palos, cadenas, machetes y artefactos metálicos. Además ingresaban 2 tractores pesados. En la entrada del pueblo, tras la barricada no había más de 20 personas.
En pocos minutos la barricada fue disuelta y los policías privados bajo el mando de Gilberto Farfán Talango “el potoco” ingresaron para un enfrentamiento directo. Con machetes, palos y piedras los pobladores se defendieron. Los tractores ingresaron y empezaron la destrucción de las casas. Los pobladores pudieron detener uno. Sin embargo, por la parte de atrás, en una entrada del pueblo que no se encontraba habilitada ingresó otro tractor con más policías privados.
Esa entrada era parte de las salidas que se tenían contempladas para las y los pobladores, que sólo conocían los del FDT-PE, era evidente que había en el pueblo alguien que trabajaba para Escalante. Completamente rodeados y con tres cuartas partes del pueblo destruidos los pobladores y los jóvenes comunistas se replegaron hacia el monte para reorganizarse.
En cuestión de minutos un operativo policiaco al mando de Samuel Salgado Serrano ingresó al pueblo. Inmediatamente protegieron a los policías privados y a los tractores que una vez que terminaron de destruir el pueblo se instalaron en la plaza principal.
Los policías hacían una valla entre los pobladores y los policías privados. Posteriormente el hijo de una pobladora, entró señalando a quienes organizaron la defensa, entre ellos a los jóvenes comunistas. El operativo concluyó con dos personas detenidas.
La lucha por la recuperación de las tierras.
Tras el desalojo vino un plantón en los bajos del palacio de gobierno que duró 42 días. Durante este periodo se organizó un encuentro de solidaridad con las y los presos de la Resistencia Civil de Candelaria y por el desalojo forzado del pueblo de Ebulá el cual se llevó a cabo entre el 13 y el 15 de septiembre y que impidió que la toma de posesión del gobierno entrante se hiciera en el palacio legislativo.
Todas estas medidas de presión hicieron que el gobierno entrante instalara una mesa de diálogo con los pobladores de Ebulá que concluyó con un convenio firmado el 25 de septiembre del 2009. Este convenio reconocía la calidad de desplazados de los ebuleños y se comprometía a entregar las tierras iniciando con 31 hectáreas para el asentamiento humano y a dotarlos de los servicios necesarios para garantizar una vida digna. Sin embargo, no se comprometía a la reparación de los daños, ni a castigar a los culpables, entre los que se encontraban Eduardo Escalante Escalante, empresario, Gilberto Farfán Talango, ex funcionario y empresario, Carlos Miguel Aysa González quien fue Secretario de Seguridad Pública entre el 2004 y el 2009 y quien asumió la Secretaría de Gobierno de Campeche para el gobierno entrante de Fernando Ortega Bernés, Samuel Salgado Serrano, comandante de la Policía Estatal Preventiva, y demás implicados en el caso. Dicho documento tampoco aseguraba el resguardo de los recursos naturales que se encontraban dentro del territorio del pueblo, es decir, los cerros explotables.
Tras la entrega de las 31 hectáreas los ebuleños regresaron al poblado. Las 31 hectáreas no estaban ubicadas en el mismo lugar, sino más cerca de la ciudad de Campeche, a un kilómetro de la carretera a Mérida aproximadamente.
La condición de los ebuleños cambió drásticamente de estar plenamente organizados y conscientes de su fuerza política a estar en un papel de víctimas, es decir, que cuando se exigía el respeto a sus derechos humanos no se hacía en un sentido político ni llamando a la solidaridad de clase, sino más bien en un sentido de solicitud de solidaridad con un pueblo vulnerable.
Esto sin duda significó mucho para la lucha. Cuando los pobladores se presentaban en algún espacio lo hacían desde esa visión. El FDT-PE se desintegró y esto dio pie a que el estado creara conflictos al interior del poblado. Primero entregando mercancías a unos cuantos pobladores que alimentaba rumores de robos de despensa u otros productos. Después creando dos grupos con dos directivas distintas y muchas veces con dos asambleas distintas.
Cuando por fin se entregaron los títulos de propiedad, estos ya no contemplaban las 565 hectáreas restantes, marcaba como límites el perímetro del asentamiento humano y colindaba con un predio que si era propiedad de Escalante y cuyos límites eran diferentes antes del conflicto. El gobierno del estado y su maquinaria habían legitimado la propiedad a favor del burgués Escalante.
Para la entrega de las 31 hectáreas se contemplaron sólo 89 familias y no se consideraron tierras de fundo legal para la expansión del pueblo, esto evidentemente negaba la calidad de pueblo. Las 31 hectáreas se dividieron en 89 lotes de 40 por 40 metros cuadrados y lo restante se dividió en otros 89 predios de 20 por 40 metros cuadrados que también se entregaron a las 89 familias. Esto dio origen a un conflicto interno, pues las familias nuevas, que nacían de las familias que ya eran parte de Ebulá y se asentaban en el territorio “sobrante” fueran acusadas de “invasoras”. Este conflicto fue ampliamente difundido por los medios de información campechanos con el fin de crear una imagen de “conflictivos” de los ebuleños y romperá así la solidaridad.
Las autoridades dejaron el caso en el olvido. Renato Sales Heredia, Procurador de Justicia del Gobierno de Ortega Bernés, quien por cierto ahora está en las filas de MORENA, mantuvo impune el caso. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche cerró el caso argumentando que había una falta de interés por parte de las y los agraviados y que el asunto de violación de derechos humanos había sido resuelto en la firma del Convenio el 25 de septiembre del 2009.
Mientras tanto, la constructora Escalante empezó a extraer material pétreo de los cerros Ebuleños y levanto una barda en dónde se encontraba el pueblo antes del conflicto con una leyenda de “propiedad privada”.
Conclusiones.
Han pasado 12 años del violento desalojo y: hoy podemos sacar las siguientes conclusiones
1. Que este conflicto no se dio entre un particular y un pueblo en abstracto, sino entre un burgués y un pueblo de la clase trabajadora.
2. Que el origen del conflicto no se limita a la propiedad en abstracto, sino a la propiedad de los recursos naturales para la acumulación de capital.
3. Que es imposible pedir al estado que resuelva a favor de la clase trabajadora porque esté está al servicio de la burguesía.
4. Y por último, que la organización popular es fundamental para la lucha de clases y por tal motivo el estado busca romperla a toda costa creando conflictos al interior de las organizaciones populares y comunidades.
En este conflicto la burguesía resulto triunfante. Las empresas de la familia Escalante continúan recibiendo contratos millonarios de manera anual, la empresa de SEVILERC de Gilberto Farfán continua operando y los funcionarios implicados continúan en cargos públicos. Carlos Miguel Aysa González se convirtió en gobernador sustituto en el 2019 tras dejar el puesto Alejandro Moreno Cárdenas, Samuel Salgado Serrano se convirtió en Secretario de Seguridad Pública de Campeche en marzo del 2021. Además Ana Martha Escalante Castillo fue alcaldesa del municipio de Campeche.
Mientras tanto, el pueblo de Ebulá ha ido recibiendo lo prometido en el convenio del 2009 tras largas gestiones con el Municipio y el Estado. Esto no quiere decir que el pueblo de Ebulá se encuentre totalmente derrotado, en los últimos meses los pobladores han impedido el paso de los volquetes para la extracción de materiales pétreos, lo que deja ver que el conflicto, no está concluido, esto como resultado de las contradicciones entre los intereses de Escalante, que busca disminuir sus costos y aumentar sus ganancias y los intereses de las y los ebuleños que buscan en la tierra un medio para producir.
Lo cierto es que la organización ya no es sólida y se reconoce de facto la propiedad de Escalante, pero incluso esto no impide la posibilidad de la recuperación de las tierras y sirve del mismo modo, para el análisis de casos con las mismas carácterístiscas en las que está implicado los Escalante u otros Burgueses, por ejemplo en Lerma, Campeche en dónde el despojador es Carlos Mouriño, consuegro de Eduardo Escalante.
La recuperación de las tierras sólo podrá darse en el momento que las y los pobladores decidan hacerlo en los hechos, tomando posesión de la tierra, utilizándola para producir sus medios de vida y organizándose para defenderla.
[1] Periódico Oficial del Estado de Campeche #1860 publicado el 31 de marzo de 199 y consultado en http://periodicooficial.campeche.gob.mx/sipoec/public/historico?anio=1999&page=17 [2] Diario Oficial de la Federación. Publicado el 4 de mayo de 1999. Consultado en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4948111&fecha=04/05/1999 [3] Actualmente Carlos Daniel Escalante Castillo figura como único administrador.
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