Por Emiliano Zepeda
En días recientes ha suscitado polémica la denuncia de vendedores ambulantes (en especial de vendedores de marquesitas) por el acoso que el personal del Área de Verificación y Ordenamiento Comercial del municipio de Cozumel, Quintana Roo ejerce sobre ellos.
La denuncia realizada a principios de diciembre aclara que, a pesar de tener los permisos en regla para vender sus productos en la zona centro, malecón y parque Benito Juárez, personal del área anteriormente mencionada ha estado acosando y presionando para que los vendedores abandonen dichos espacios con el pretexto de que “no cuentan con permisos y dan mala imagen al turismo”. Incluso, un vendedor ya ha sido arrestado por negarse a abandonar su espacio de trabajo.
Esto en realidad brinda un ejemplo claro y concreto de cómo, a pesar de la nueva administración municipal a cargo de Juanita Alonso de MORENA, las condiciones para la clase trabajadora y sectores populares ha seguido igual e incluso ha empeorado.
Como prueba irrefutable y como punto de comparación podemos hacer un recuento de los hechos ocurridos tras el inicio de la pandemia por COVID-19. Tan solo un mes después de decretarse la cuarentena total por la pandemia, Quintana Roo ocupó el primer lugar en pérdida de empleos según datos proporcionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esto generó que muchas personas perdieran su principal fuente de ingresos, lo que favoreció, entre otras cosas, el aumento de vendedores ambulantes como un intento de cientos de personas desempleadas para obtener sus ingresos necesarios para subsistir.
Ante esto, el gobierno municipal encabezado en ese entonces por Pedro Joaquín Delbouis del PRI, se encargó de presionar, expulsar, decomisar e incluso detener a vendedores ambulantes con el argumento de que no contaban con permisos para vender en la vía pública. Sin embargo, en septiembre del año 2020, el mismo gobierno municipal otorgó de manera gratuita la mitad de la Avenida Rafael E. Melgar a empresarios restauranteros para la colocación de tarimas en las cuales colocar mesas para los clientes (mayormente turistas).
En su momento se dijo que dicho privilegio de los empresarios restauranteros para ocupar la mitad de la vía pública de la principal avenida de la isla sería “temporal” ya que se trataba de un Plan Piloto del municipio para reactivar la economía. Sin embargo, ese “Plan Piloto Temporal” aún sigue vigente a pesar del cambio de administración
Tarima del restaurante “Le Chef”
Tarima del restaurante “Pancho´s Backyard Restaurant”
Durante las campañas electorales, la actual presidenta municipal de la isla, Juanita Alonso de MORENA, en diversas oportunidades dijo que apoyaría a la gente de a pie y que se acabarían los privilegios.
Sin embargo, tal y como la realidad actual lo demuestra, el acoso a los vendedores ambulantes continúa (incluso de manera más aguda ya que se está presionando hasta a los que sí cuentan con el permiso para vender en la vía pública) al igual que el privilegio de los empresarios restauranteros para ocupar la mitad de la vía pública de la principal avenida de la isla.
Dos períodos de gobierno distintos en manos de dos partidos políticos distintos, PRI y MORENA, pero las mismas acciones anti populares y a favor de los empresarios.
¿Por qué dos partidos políticos que aparentan ser diferentes, sirven a los intereses de la misma clase empresarial?
En una sociedad dividida en clases sociales antagónicas con intereses contrarios, el Estado es el instrumento de represión y defensa de los intereses de la clase dominante contra la clase oprimida. En el caso actual basado en un sistema capitalista, el Estado es el instrumento de la burguesía (capitalistas, empresarios) para defender sus intereses y reprimir a la clase oprimida (clase trabajadora y sectores populares). De ahí se puede comprender por qué siempre, a pesar del cambio del partido en el gobierno, sea PRI, PAN, PRD, MORENA, PVEM, MC, etc… siempre los que se benefician son una minoría empresarial, y así como sucede a nivel nacional con los recortes en presupuesto y beneficio a los grandes monopolios privados, así sucede a nivel municipal, siempre los perjudicados son los trabajadores y sectores populares.
¿Se puede decir que existe un cambio en el gobierno?, ¿De qué sirve que la actual administración se jacte de representar un cambio cuando continúa con las mismas prácticas antipopulares a favor del sector empresarial?, tal y como dice el dicho: “De nada sirve que cambie el partido en el gobierno, si todos son el mismo perro con diferente collar al servicio del capital”.
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