Por: Lorena Rosel
En los últimos meses el gobierno estatal de Yucatán de Mauricio Vila ha ejercido una guerra mediática en contra de los trabajadores estatales. Desde hace meses no ha habido un solo día sin una noticia desalentadora sobre la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y su inminente modificación. Se mencionaba que se incrementaría la edad de retiro a 65 años y la antigüedad a 35, así como que se disminuirían prestaciones cómo el seguro de cesantía o la pensión a nuestros viudos.
Sin ser claro en sus propuestas y manteniendo la información en secreto querían pasar desapercibida esta ley en perjuicio del trabajador. Hubo jubilaciones masivas de pánico para que la reforma a la Ley del ISSTEY no afecte a los que ya tenían los años de servicio, pero aún eran muy jóvenes. Tal vez esa era la intención, desocupar las plazas de los maestros con carrera magisterial para ocuparlas con los que ganen base inicial o con contratos con salarios mucho más bajos.
Se definieron grupos de empleados y la gradualidad de la aplicación de la nueva Ley. Aunque en apariencia, esta nueva Ley no afectará a los jubilados, los de nuevo ingreso con derechos adquiridos, es decir, mínimo con 23 años de servicio, tendrán que trabajar de 31 a 33 años dependiendo de su antigüedad. Los activos de menor antigüedad sí tendrán que trabajar 35 años sin importar edad, al igual que los que aún no ingresan al servicio.
Aún hay muchas dudas en varios puntos y los conceptos no son claros. Se menciona una medida de referencia qué se incrementará anualmente con el índice de precios y cotizaciones que, en mi opinión, siempre es la misma Unidad de Medida y Actualización (UMA) aunque se han cuidado mucho de no mencionarla de manera explícita. Esta nueva ley pronto será aprobada aprovechando qué los trabajadores de la educación se encuentran de vacaciones. Debido a la presión que se logró a través de la movilización, algunos aspectos fueron amortiguados y no está pasando cómo el gobernador lo propuso.
Aún quedan muchos pendientes, como la auditoría al ISSTEY, que se investigue a los funcionarios y ex gobernadores que propiciaron esta situación de quebranto. Aún no dan un informe detallado de las aportaciones qué los empleados hemos realizado puntualmente, aún falta una explicación detallada de qué se hizo con los recursos que desde la creación del Instituto se hicieron por 30 años hasta que se empezaron a jubilar los primeros derechohabientes.
Falta establecer candados para que nunca más sea la caja chica del gobierno y utilicen los recursos para otros fines, que el gobernador no presida la mesa directiva ya que no puede ser juez y parte, que también se incluya en las negociaciones a los distintos sindicatos y una representación de jubilados. Se menciona qué el tope de pensión se incrementará, pero no se menciona a cuántos salarios mínimos o a qué unidad de referencia equivale. Los trabajadores estatales no tendremos certeza sobre estas interrogantes hasta que no veamos la nueva ley y cómo nos afectará. Lo que es seguro es que, una vez publicada, la analizaremos profundamente y ejerceremos los mecanismos legales a nuestra disposición de ser necesario para luchar contra cualquier perjuicio o afectación en nuestra contra que seguramente surgirá a partir de la Ley.
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