Por: Lucía Roble.
Cuando hablo del magisterio me refiero a todos los trabajadores de la educación, aunque ciertamente, todos los trabajadores del país, estamos padeciendo las mismas situaciones de precarización salarial y falta de respeto a nuestros derechos laborales y humanos, a pesar de las divisiones y clasificaciones que buscan mantenernos divididos.
Con el gobierno de Calderón se agudizó la campaña mediática en contra de la labor docente. La película “De panzazo” de Carlos Loret de Mola nos pintaba a las y los docentes como flojos, poco preparados y nos responsabilizaba de la baja calidad de la educación, devaluando la imagen del magisterio ante la sociedad. El objetivo de esta agresión y devaluación de la función docente era la privatización de la educación a través de reformas a las leyes relacionadas a la educación y por supuesto, aumentar la explotación al magisterio.
A nivel Federal, a pesar de las promesas de campaña de López Obrador, de revalorizar al maestro ante esos ataques, esto no ha cambiado. Se sigue viendo a las y los maestros como un sector privilegiado el cual quiere un mayor ingreso con un menor trabajo, lo que es falso. En campaña, AMLO también prometió que los salarios de los docentes incrementarían significativamente, que nunca serían por debajo de la inflación. Sin embargo, los incrementos salariales continúan siendo mínimos y por debajo de la inflación, es decir, el salario continúa decreciendo año con año y el poder adquisitivo disminuye, cuando anteriormente nuestros incrementos salariales se realizaban en el mismo porcentaje del salario mínimo.
No podemos hablar de calidad educativa si no existe un salario digno para el magisterio y, por supuesto, si no se destina un porcentaje mayor del presupuesto a la educación. En este aspecto exigimos mayor incremento a los recursos para la educación (mínimo 12%), ya que la calidad de la educación no puede hacerse realidad con el 8% que se destina del producto interno bruto (PIB) y del cual 1% es para investigación.
Otra promesa que aún no se cumple es que la Reforma Educativa de Peña Nieto sería abrogada, que no quedaría ni un solo punto, ni una coma de esta Reforma laboral y punitiva, siendo que al inicio de la 4T únicamente se eliminó la evaluación de desempeño que atentaba contra la plaza laboral, pero en general continúa igual o peor, con su ley secundaria de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
El USICAMM debe de desaparecer ya que ha sido parte de un proceso de precarización salarial desde la creación en 1993 del programa de Carrera Magisterial, que se ha transformado para poner más obstáculos y que sea menor el porcentaje de maestros que logran incrementar su salario, con un proceso poco transparente y desgastante, mientras estén en activo, porque al momento de jubilarse pierden todo ese salario adicional, ganado con tanto esfuerzo, jubilándose con plaza inicial. Evadiendo el Gobierno federal su responsabilidad de pagar un salario justo a todos los docentes por desempeñar el mismo trabajo (Artículo 86 Constitucional). Sin mencionar que estas evaluaciones son poco objetivas y transparentes, dividen y desmovilizan las luchas ya que los trabajadores tienen que enfocar su atención, de manera personal, para ascender, ya sea horizontal o verticalmente.
La Unidad de Medida y Actualización, la famosa UMA, fue creada maliciosamente, también en el gobierno de Peña Nieto, para apoyar al trabajador en el pago de impuestos, créditos hipotecarios y multas, pero nunca para determinar salarios ni topes de pensión, aunque desde la fecha de su creación se ha usado injustamente para ese fin y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la UMA como medida para determinar el tope en 10 UMA en vez de salarios mínimos, disminuyendo significativamente los ingresos mensuales de los trabajadores jubilados pertenecientes a esta institución. De esta forma la seguridad social también está disminuyendo, nos están arrebatando todas las conquistas ganadas con la sangre de nuestros antecesores.
Como parte de la Seguridad Social, los servicios de salud son de pésima calidad y los créditos hipotecarios cuando uno logra acceder a ellos, por los requisitos que establecen, son impagables. Por lo que exigimos que los servicios de salud a los que tenemos derecho tengan mayores recursos para brindar atención de calidad en todos sus niveles y la reestructuración en pesos de los créditos FOVISSSTE.
Los sindicatos (o más bien, las dirigencias sindicales colaboracionistas que los tienen secuestrados) no están cumpliendo su función original que es defender a los trabajadores, sino que actualmente obran en beneficio de los patrones, aceptando todas las disposiciones gubernamentales, sin defender realmente los Derechos del trabajador. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha dado batalla en distintos momentos históricos y actualmente sigue esperando se reinstalen las mesas de negociación con el Gobierno Federal para resolver todas las problemáticas pendientes que siguen afectando a todos los trabajadores de la educación, sacudiéndose poco a poco el hechizo de un supuesto cambio que la 4T vendió a todas las organizaciones sociales.
A nivel Estatal, tenemos la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), anticonstitucional en muchos de sus artículos, y que no respetó el artículo 14 constitucional, ya que atropelló los derechos adquiridos de todos los trabajadores con menos de 30 años de servicio.
Implementando un salario regulador que en vez de determinar el monto de la pensión con el promedio de los dos últimos años como estaba, ahora se establece con el 85% del promedio ponderado de los últimos 20 años y se incrementará anualmente según el índice de precios y cotizaciones y no según el salario mínimo como era con anterioridad.
Entre otras arbitrariedades, no existe ni un solo punto que favorezca al trabajador, tal vez la intención fue la jubilación masiva de los que ganan más, sin embargo, han detenido las jubilaciones de muchos compañeros que ya cumplieron con sus años de servicio. Posiblemente este año, que es tiempo electoral, harán numerosas basificaciones a personal de nuevo ingreso, ya que pagarán casi el doble de aportación al instituto (del 8 al 15%).
Lo peor es que no se establecieron candados para proteger nuestros recursos e impedir que sea la caja chica del gobernador en turno, así como tampoco se impidió la entrada a financieras usureras, que otorgan los créditos a los que tienen Derecho los afiliados, con altos intereses.
Exigimos la abrogación de la ley del ISSTEY y transparencia en el manejo de nuestros recursos y aportaciones, así como que permanezca el pago del seguro de cesantía al término de nuestra relación laboral.
Hemos emprendido luchas jurídicas y legales que han sido ignoradas por autoridades correspondientes, sin que sean respondidos nuestros oficios, como constitucionalmente tenemos Derecho.
Solicitamos la realización de un referéndum en contra de esta ley aprobada fast track, pero se comprobó el compromiso con el gobernador del IEPAC, de los diputados en el Congreso estatal y del sindicato estatal, quienes aprobaron sin contemplaciones esta ley que perjudica a miles de trabajadores y sus familias.
Cada vez se evidencia más que el sistema capitalista, ya sea con su disfraz “neoliberal” o socialdemócrata, continúa explotando al trabajador, ya que, en vez de incrementar el presupuesto para mejorar la calidad educativa, proporciona más fondos y responsabilidades para militarizar al país.
Tomemos conciencia de la importancia de nuestra fuerza como trabajadores para hacer respetar nuestros Derechos adquiridos y conquistar nuevos, para lo cual debemos estar unidos y organizados en una sola lucha contra el capitalismo y construir un Estado realmente justo, un Estado de la clase trabajadora.
Comments