Sobre el uso impreciso del concepto de fascismo

Por: Neftalí Ricardo.

En la actualidad se suele utilizar la palabra fascismo para referirse a un gobierno que reprime, a un político conservador o incluso a alguien con posturas religiosas tradicionales. El término circula como sinónimo genérico de autoritarismo. Sin embargo, cuando se emplea sin precisión política, pierde densidad conceptual y puede conducir a interpretaciones que, lejos de fortalecer una comprensión crítica de los fenómenos actuales, terminan siendo funcionales a la propia burguesía. De ahí la necesidad de delimitar con rigor qué es el fascismo.

Si se sostiene que todo es fascismo, se desdibuja la naturaleza del dominio capitalista. Se puede llegar a la idea de que la represión es un rasgo exclusivo del fascismo y no un recurso permanente del Estado burgués para resguardar la propiedad privada y asegurar la subordinación del trabajo al capital. Bajo esa lectura, el problema parecería residir únicamente en una modalidad extrema de gobierno, en un gobernante específico y no en las relaciones sociales que sostienen el poder de clase.

El fascismo no equivale a cualquier forma de autoritarismo ni a toda práctica represiva. Es una forma específica del dominio burgués que aparece en determinadas condiciones históricas y que se caracteriza por rasgos definidos. Entre ellos se encuentran la supresión o el vaciamiento efectivo de las mediaciones parlamentarias, la anulación de las libertades políticas fundamentales del movimiento obrero, la ilegalización o destrucción de sus organizaciones independientes, la instauración de un régimen de terror sistemático y la concentración del poder en un aparato estatal reorganizado para servir de manera directa a los intereses del gran capital. No se trata simplemente de mayor intensidad represiva, sino de una modalidad de dominación en la que la coerción abierta ocupa el lugar central que en otras formas del Estado burgués comparten el consenso, la representación política limitada y los mecanismos institucionales de regulación del conflicto.

Cuando esa especificidad se diluye, se pierde las diferencias entre distintas formas del dominio burgués. No es lo mismo una democracia burguesa, en la que el poder de clase se ejerce combinando mecanismos de consenso, representación política restringida y coerción selectiva, que una dictadura terrorista abierta en la que las mediaciones parlamentarias son anuladas o reducidas a una formalidad sin contenido, las libertades políticas son suprimidas y el terror se convierte en instrumento central de gobierno.

Si ambas situaciones son nombradas indistintamente como fascismo, el análisis deja de considerar cómo opera el poder en cada caso concreto. Se borra la diferencia entre un régimen que todavía necesita organizar consenso social, permitir cierto pluralismo controlado y administrar el conflicto dentro de márgenes institucionales, y otro que prescinde de esos mecanismos y recurre a la violencia sistemática como forma principal de dirección política.

En ese desplazamiento conceptual, el foco tiende a situarse en la figura que encabeza el gobierno. El problema parece entonces radicar en la personalidad, el estilo o las decisiones de un dirigente específico. La crítica se individualiza y se pierde de vista que lo determinante no es la voluntad de una persona, sino el carácter de clase del Estado y las relaciones sociales que este garantiza. La sustitución de un gobernante por otro puede modificar formas, discursos o grados de represión, pero no altera por sí misma la función esencial del Estado en una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción.

En sus Lecciones sobre el fascismo, Palmiro Togliatti sostiene que el fascismo no se reduce a la violencia inmediata, sino que constituye un proceso político complejo mediante el cual la burguesía reorganiza su dominio en una fase de crisis. No suprime el Estado burgués, sino que lo reconfigura, lo concentra y lo somete a una nueva forma de dirección política. Además, logra incorporar y encuadrar a sectores de masas, particularmente a la pequeña burguesía desestabilizada, integrándolos a un proyecto reaccionario que combina coerción, propaganda, encuadramiento organizativo y mecanismos de control social. Se trata de una recomposición del poder del capital cuando las formas previas de gobierno ya no garantizan estabilidad suficiente frente al avance de la lucha obrera y popular.

Calificar como fascista a cualquier gobierno autoritario puede conducir a conclusiones estratégicas imprecisas. Si el objetivo se formula como la derrota del fascismo, puede consolidarse la idea de que basta con respaldar a otras fracciones de la burguesía en nombre de la defensa de la democracia. Esa democracia continúa siendo una forma de dominio de clase, aun cuando opere con mayores mediaciones institucionales. En este sentido, sólo se estarían sometiendo las necesidades de la clase trabajadora a las necesidades de la burguesía “democrática”.

La generalización acrítica del concepto puede favorecer posiciones de colaboración de clase. Si se plantea que la tarea central es restaurar un capitalismo sin rasgos fascistas, se mantiene intacta la base material que hace posibles las diferentes formas que puede adoptar el Estado burgués.

Es importante entender que la democracia burguesa puede incorporar rasgos que también aparecen en el fascismo sin convertirse por ello en un Estado fascista en sentido estricto. Puede, por ejemplo, promover formas abiertas de chovinismo, alimentar discursos de supremacía racial, reforzar políticas de persecución contra migrantes o intensificar la represión contra determinados sectores sociales, pero mantener las formas de representación que permite a otras corrientes burguesas asumir cargos en el Estado.

En Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, se observan expresiones abiertas de chovinismo y políticas sistemáticas de criminalización y encarcelamiento de migrantes. Sin embargo, el régimen mantiene elementos de representación política limitada que permiten la competencia electoral entre fracciones burguesas y la ocupación de cargos públicos por corrientes como la socialdemocracia. El hecho de que figuras como Zohran Mamdani puedan acceder a cargos de dirección política del Estado indica que persisten mecanismos formales de pluralismo político dentro del marco burgués.

Este ejemplo permite comprender que la democracia burguesa puede exhibir rasgos autoritarios e incluso elementos que recuerdan al fascismo sin que ello implique la supresión total de las mediaciones parlamentarias ni la instauración de una dictadura terrorista abierta. Confundir la presencia de esos rasgos con el establecimiento pleno del fascismo conduce a simplificaciones políticas. Si se piensa que el problema se reduce a la figura de Trump, puede surgir la conclusión de que la tarea estratégica consiste simplemente en votar por el Partido Demócrata para que la “libertad” continúe. De este modo, la lucha política se canaliza hacia el respaldo de otra fracción de la burguesía.

La precisión conceptual que aportó Togliatti y otros marxistas-leninistas en los marcos de la Internacional Comunista no es un ejercicio terminológico. Es una condición necesaria para distinguir entre las diversas formas que puede asumir el poder burgués y el fundamento material que las hace posibles. Sin esa distinción, la crítica se desplaza hacia las formas superficiales del régimen y pierde de vista el contenido de clase que comparten tanto la democracia burguesa como el fascismo. La estrategia política corre entonces el riesgo de orientarse hacia la defensa de una variante del mismo orden social, en lugar de cuestionar las relaciones de propiedad y las condiciones materiales que sostienen ese orden.

Cuando se pierde la delimitación entre formas y contenido, la lucha puede quedar reducida a la alternancia entre administradores del capital. Se sustituye la crítica del sistema por la defensa de su versión considerada menos agresiva. La consecuencia no es la superación del dominio burgués, sino su reorganización bajo modalidades distintas. Precisar qué es el fascismo, cuándo emerge y qué lo diferencia de otras formas de Estado no es, ni debe ser un ejercicio académico. Es un requisito político para evitar que la oposición política termine reforzando, por vías indirectas, la continuidad del mismo poder de clase que pretende enfrentar.