Por Aidé Carrillo
En 2018, después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se anunció la construcción del Megaproyecto del Tren en el sureste del País. Desde entonces han sido múltiples las muestras de rechazo a este proyecto en las diferentes zonas por las que atravesará la vía férrea, así como las que se verán afectadas por el impulso de la agroindustria en la Península. Las historias de despojo o sin razón con la que avanza la construcción del tren resuenan en muchos rincones del pueblo Maya.
Uno de esos casos es el que viven los habitantes de las colonias de Santa Lucía, la Ermita, Camino Real o la estación antigua como también se le conoce a este último barrio. Los habitantes de esta zona, que abarca alrededor de dos kilómetros, han decidido conformar el colectivo “Los tres Barrios”.
Una de sus principales preocupaciones es la falta de diálogo de parte de las autoridades responsables de la construcción del tren. Y sobre todo que el director de FONATUR Rogelio Jiménez Pons, cada vez que se refiere a los pobladores de los tres barrios, lo hace con los adjetivos de Invasores, personas aprovechadas o que buscan sacar beneficios de la construcción de la obra. En entrevista con el diario El País, Jiménez Pons ha señalado que los documentos de propiedad que los habitantes muestran, son apócrifos, pues el derecho de vía es propiedad federal, afirmando que quienes viven en derecho de vía no tienen nada. Y por lo tanto la construcción del tren les daría la oportunidad de tener una casa.
Guadalupe Cáceres, vocera del Colectivo los Tres Barrios, en entrevista con Rompeviento TV, publicada en diciembre de 2020 señala que sus documentos de propiedad datan de hace 128 años, incluso antes de la construcción de las vías del tren en esa área. Más de cinco generaciones han habitado en ese predio según señala, “tengo documentos que abalan que nosotros fuimos mucho más antes que las vías del ferrocarril” recalcó.
La vocera de Los tres Barrios relató que, hace 122 años el barrio camino real inició un conato de tren que venía en la vía delgada, que comunicaba con un poblado cercano. En 1938 cuando estaba Lázaro Cárdenas inició la conectividad entre los barrios. Ese mismo año al abuelo de Guadalupe Cáceres le quitaron una parte de su terreno para que pasara la vía del ferrocarril, lo que es ahora el derecho de vía. Señala que todavía conserva esos documentos como muestra del tiempo que lleva habitando en ese lugar. “Ahora, -señala-, con la misma idea de modernidad, ya no solo nos quieren quitar una parte del terreno sino que nos quieren reubicar”
Los afectados de Los tres barrios son aproximadamente 500 familias, conformadas por hombres y mujeres de mediana edad, infantes y personas de la tercera edad. La ocupación de los afectados va entre cuentapropistas que tienen sus negocios en la misma zona, así como pescadores cuya ubicación les ha permitido estar cerca de la costa que es su lugar de arribo al volver de la pesca y mantener seguro y vigilado su equipo. Reubicarlos lejos de su centro de trabajo sumaría una afectación más a la que ya representa perder sus casas.
Ninguna autoridad se ha acercado a dialogar con ellos, solo se han acercado por instancia de los habitantes de tres barrios, Katia Meave, delegada de programas federales y Javier García, enlace territorial del proyecto Tren Maya. Lo que se les dijo en estas pláticas con estos personajes, según señala la vocera, es que el proyecto va porque va.
Como todo en el Proyecto Tren Maya no hay información clara y completa sobre el proyecto, todo es ambiguo, información a medias. “Aquí nos alimentamos del rumor, aquí no hay ninguna información veraz” señaló Guadalupe Cáceres.
Los habitantes a través de su vocera señalan las afectaciones que viven por la construcción de este Megaproyecto que no contempla los daños emocionales, psicológicos y económicos que la reubicación forzada implica para las familias que ahí habitan. El sentido de pertenencia y la identidad son características que quedan fuera de la planeación de este proyecto, que lo único que contempla son las ganancias de la burguesía a partir del desarrollo de la industria en el sureste. Es un proyecto que se diseñó sin contemplar el componente social que se vería afectado directamente. Parece ser que sólo lo contemplan como daño colateral y pretenden esconderlo bajo la alfombra al criminalizarlos y acusar a todos estos antiguos habitantes como invasores, como dueños de nada.
El capitalismo como a todo lugar al que llega avanza arrastrando sangre y lodo, es nuestro deber moral organizarnos y no olvidar que, si ahora vulneran libremente los derechos de estas familias, pronto un día pueden venir por nosotros. A las trabajadoras y trabajadores, la oportunidad más fuerte que tenemos es la organización proletaria y popular.
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