Por: Emiliano Zepeda.
En días recientes surgió una noticia en la prensa local quintanarroense en donde se daba a conocer que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) busca atraer de nueva cuenta al estado el turismo médico (subsector basado en atraer turistas que vienen con la finalidad principal de tratarse alguna enfermedad o padecimiento).
Angélica Frías, presidenta de la COPARMEX, dijo que han formado una comisión para plantear la propuesta a la nueva administración de la Secretaría de Turismo (SEDETUR) ya que dicho sector, si bien tuvo un “boom” desde el 2015 hasta el 2018, puede ser un paso hacia la diversificación de la economía según sus palabras.
La presidenta de la confederación patronal, dijo que tienen identificadas las oportunidades de negocios en especialidades tales como: aumento mamario, levantamiento facial, implantes dentales, fertilidad, bypass gástrico, reemplazo de rodilla, entre otras, con precios desde $5,000 USD hasta $11,000 USD para turistas cuyo tiempo de residencia en el estado oscila entre 10 y 18 días y cuyo gasto en la entidad suele ser de $12,000 USD aproximadamente.
La cuestión verdaderamente escandalosa aquí es que esta propuesta del sector empresarial se da en un momento en el que el sistema público de salud que es al que puede acceder la mayoría de la población perteneciente a la clase trabajadora y sectores populares (cuya situación económica está muy precarizada) se encuentra en pésimas condiciones, como ejemplo de ello las múltiples quejas, protestas y huelgas que se han suscitado en lugares clave del estado como lo son Chetumal, Cancún, Cozumel o Playa del Carmen en donde el personal médico de instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han protestado en reiteradas ocasiones contra las pésimas condiciones laborales de cada centro en particular, desde falta de mantenimiento en la infraestructura hospitalaria, falta de material adecuado para realizar procedimientos quirúrgicos, falta de medicamentos básicos y para tratar padecimientos graves como la diabetes o el cáncer, desvío de recursos, precarización salarial, etc.
El único objetivo que persigue el empresariado no es ayudar a que el estado tenga una mejor infraestructura médica que pueda satisfacer las necesidades de las personas que lo necesiten, sino acrecentar sus ganancias a través del turismo, es decir, los hospitales especializados de los que tanto hablan no serán para el que lo necesite de verdad, sino para el que pueda pagarlo.
La SEDETUR, si bien aún no ha comentado nada al respecto, conociendo el historial de aprobaciones de proyectos empresariales que ha realizado a lo largo de los años y de las distintas administraciones, lo más probable es que termine aprobando dicho proyecto de la COPARMEX. Por tanto, el gobierno, al estar enterado de esta situación precaria del sistema de salud pública y no hacer nada para remediarlo sino al contrario, impulsar más proyectos a favor de intereses empresariales a costa de la salud de millones de trabajadores, es cómplice de condenar a la enfermedad, discapacidad e incluso muerte a millones de trabajadores y personas de escasos recursos que necesiten de un tratamiento médico por no poder pagar un tratamiento en una clínica privada.
¿Acaso un trabajador promedio cuyo ingreso quincenal no va más allá del salario mínimo podrá pagar una consulta cuyo costo sea mayor a $1,000 y aparte deba pagar medicamentos? Desde luego que no, pero entonces, ¿qué otra opción le queda a la clase trabajadora y sectores populares? ¿resignarse a padecer y/o morir de enfermedades muchas veces curables o por lo menos tratables?
La única esperanza de que no se siga mercantilizando y privatizando la salud es la lucha organizada, en este sentido los médicos de diversos centros hospitalarios del estado han iniciado con la lucha por reivindicaciones que, de lograrse, beneficiarían no solo al personal médico sino también a los derechohabientes.
Es necesario que nosotros los trabajadores y las capas populares nos organicemos y apoyemos las protestas a favor de un sistema público, gratuito y de calidad, donde no hagan falta los medicamentos para ningún tipo de padecimiento, donde haya material adecuado y suficiente para que los profesionales de la salud puedan realizar en óptimas condiciones su trabajo, que los trabajadores de la salud no sean explotados por la administración en turno sino que sean trabajadores respetados cuya retribución económica sea la adecuada para su digna subsistencia, que no se siga mercantilizando ni privatizando el derecho a la salud y sobre todo, por no permitir que se siga priorizando el interés económico de una minoría empresarial sobre las necesidades de la gran mayoría.
¡Por un sistema de salud público, gratuito y de calidad!
¡Luchemos contra la mercantilización y la privatización del sistema de salud!
¡La salud es un derecho, no un privilegio!
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