Por Chak Sáastal
No cabe duda alguna qué para el Gobierno Federal, cualquier opinión ajena a la oficial será considerada como traición a la “patria”, así mismo cualquier intento de organización y defensa legitima de la autonomía que venga por parte de los pueblos y las comunidades originarias, serán tomadas como acciones subversivas.
Desde que la socialdemocracia -de la mano de obrador- llegó a la presidencia, se desarrollaron las instancias necesarias para asegurar el cumplimiento de ciertos puntos de la agenda capitalista -que desde años atrás se venía buscando-, una serie de reformas y políticas dieron el nacimiento de un nuevo cuerpo represivo al servicio de la presidencia con el único fin de preservar y velar por la realización de los proyectos capitalistas en el país y con ello asegurar las ganancias de los monopolios -nacionales e internacionales-.
A comienzos de la actual gestión, se suscitaron dudosas desapariciones y asesinatos de defensores de la naturaleza y de las comunidades contra proyectos integrales, como es el caso de Samir Flores, asesinado por su oposición férrea a la termoeléctrica en Morelos, o en Chihuahua donde la Guardia Nacional reprimió a campesinos y pobladores que se oponían a la extracción de agua de la presa “la boquilla” que había provocado extrema sequía. Ya sea en el norte, centro o sur del país, la construcción de estos megaproyectos y la defensa de los intereses capitalistas, han sido puestos en marcha y defendidos con la bota represiva del Estado, demostrando una vez más el carácter de clase del gobierno de la 4T, misma que no le ha importado pasar por encima de la autonomía de las comunidades originarias y de los intereses de la clase obrera, campesina y popular, con tal de garantizar la ganancia de los capitalistas.
Es de la misma manera que se pretende llevar a cabo la construcción del tren maya, buscando prevenir cualquier tipo de altercado que atente contra la obra, es que se destinaron ciertos tramos -donde existe mayor resistencia de las comunidades ante el despojo- para que fuera la SEDENA la encargada de su construcción, bajo la falsa promesa de que al ser el ejército quien ostente el derecho de vía de esos tramos, garantizará que el tren sea del “pueblo”, ocultando con ello la represión militar ante cualquier intento de oposición. Sumado a esto el Gobierno Federal y Fonatur han hecho público la consideración de que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) son un factor importante que pone en riesgo la construcción y el desarrollo del tren maya, solicitando con ello una serie de protocolos para la prevención y mitigación de incidentes -subversivos- en la construcción de la obra, procurando que dependencias tales como la Guardia Nacional, la MARINA, la SEDENA, y los elementos policiacos estatales y municipales puedan coordinarse y participar conjuntamente ante cualquier intento de oposición.
No es novedad que para el Gobierno -sin importar que partido este en turno- cualquier intento de autonomía y organización que ponga en riesgo los intereses de la clase dominante, será vista como un movimiento subversivo y hasta terrorista, recordemos que el EZLN en reiteradas ocasiones ha manifestado su rechazo al megaproyecto del tren, asegurando que defenderán las tierras con la vida misma. Y es así que se pretende dar vía libre a los cuerpos de seguridad para el accionar de medidas represivas ante cualquier organización, comunidad, o persona que atente contra los intereses de los monopolios, asegurando con ello que el proyecto del tren maya sea desarrollado aun con el derramamiento sangre, con terror y con imposición militar.
Fuente: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/temas-de-1a-plana-030121/, nota del Heraldo de México.
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