Sobre la abrogación de la Ley del ISSTEY de 2022

Por: Lucía Roble.

Los trabajadores al servicio del Estado seguimos exigiendo la abrogación de la ley actual del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) a pesar de las medidas anunciadas por el gobernador Joaquín Díaz Mena, el 9 de julio del presente año, ya que no eliminan del todo las afectaciones que se sufren.

Toda la ley es anticonstitucional ya que viola los principios de progresión y no retroactividad emanados de la constitución Sin embargo, solo fueron cuatro los artículos que se declararon anticonstitucionales, los cuales son: el salario regulador que condenaba a tener jubilaciones de miseria; el tiempo de cotización que ya no será de 35 años sino de 30 como estaba (y me sorprende que el mandatario mencione una iniciativa de que sean 28 años de servicio para las mujeres y 30 para los hombres como se está pidiendo a nivel Federal); que la pensión de los viudos del trabajador disminuya gradualmente al 50% después de 6 años; y que los viudos no puedan reconstruir su vida con un matrimonio o concubinato sin perder la pensión.

Enumeraré los puntos en los que todavía afecta la presente ley, mencionando de paso que, aunque las supuestas medidas anunciadas por el Gobernador son un primer paso, todavía es necesario que la base conozca los puntos pendientes de resolver para no dejar de luchar:

- Pese a que la cuota del trabajador al Instituto ya no seguirá incrementando durante este sexenio estatal, para los maestros que se encontraban activos al momento de la aprobación de la ley, la cuota queda en 11%, es decir, ya están pagando un 3% más, mientras que los de nuevo ingreso están pagando 7% más ya que pagan el 15% estipulado en la ley actual. Es importante que regrese la aportación al 8% como estaba en la antigua ley, ya que los trabajadores siempre han cumplido en tiempo y forma con esta cuota.

- Recuperar el pago del seguro de cesantía, ya que los recién jubilados en estos dos años no han recibido el pago de estos recursos que les pertenecen por sus aportaciones por tantos años de servicio.

- Que el tope de pensión siga siendo de 8 salarios mínimos, ya que el tope actual, aunque es mayor que el que obtienen los federales de 10 UMA (que también debería de ser en salarios mínimos y no en UMA) es menor al equivalente de los 8 salarios mínimos que establecía la ley anterior

- Que los incrementos anuales a las pensiones sean según salario mínimo y no según el índice de precios y cotizaciones. En este punto hay dos aspectos importantes de resaltar. A partir de 2018, cuando López Obrador empezó a incrementar el salario mínimo de manera significativa, a los jubilados estatales se les dejó de dar en el mismo porcentaje de este incremento anual, y aunque el primer año se los dieron como correspondía según la ley, en el mes de octubre sufrieron un ajuste a su salario, alegando Mauricio Vila, que únicamente fue un “bono”. Desde eso, los jubilados han estado alzando la voz y asesorándose legalmente. Algunos interpusieron amparos, que aún no se resuelven, para que le sea devuelta esa diferencia en su salario. El otro aspecto importante de mencionar es que, como actualmente la jubilación aumenta según el índice de precios y cotizaciones, este año nuestros compañeros recién jubilados únicamente recibieron un 4.5% de incremento salarial anual, mientras que el grupo de jubilados con derechos adquiridos recibieron un 7%, estableciéndose una diferencia injusta de 2.5%. Exigimos el aumento correspondiente a los compañeros recién jubilados.

- Se perdió la hoja de reserva que daba la posibilidad a quienes ya no cotizaban al instituto por despido o renuncia, pero que ya tenían 15 años de antigüedad, de reclamar una pensión al cumplir 55 años de edad.

- Hay un artículo en esta Ley del 2022, que establece que los viudos perderán la pensión si el trabajador se suicida. Este artículo es inhumano ya que la depresión es una enfermedad que no debe de afectar a los deudos cuando más lo necesitan.

- Celebramos la medida de establecer un candado para que el Instituto nunca más vuelva a ser la caja chica del Gobierno en turno. Sin embargo, exigimos una auditoría profunda para determinar las causas del quebranto y fincar responsabilidades a los culpables para que devuelvan esos recursos y se haga justicia.

- También que los créditos personales otorgados por el Instituto ya no sean otorgados por una institución ajena para que los intereses que pagamos (que ojalá cada vez sean menores), fortalezcan las arcas del Instituto.

- Aceptamos con beneplácito la reactivación del balneario para los trabajadores, con precios accesibles, pero debemos mencionar que esta conquista no fue por beneplácito del gobernador, sino por la presión ejercida por el magisterio en lucha. Además, es importante resaltar que aún falta considerar la reapertura de los centros comerciales, con precios accesibles para los trabajadores, así como las guarderías que desaparecieron y que apoyaban a las madres trabajadoras estatales.

Como vemos aún hay muchos puntos pendientes que afectan al trabajador por lo que seguimos demandando la abrogación de esta Ley del ISSTEY 2022, demostrado que como trabajadores organizados en una lucha podemos lograrlo.